Protestante de Columbia liberada tras un año en detención migratoria
Puntos Clave
- Leqaa Kordia, arrestada en protestas en Columbia en 2024, fue liberada tras un año en detención migratoria en Texas; un juez de inmigración (immigration judge) ordenó su salida bajo fianza de $100,000.
- El Department of Homeland Security (DHS) alega que Kordia sobrepasó su visa de estudiante F‑1, cuya inscripción en SEVIS fue presuntamente terminada en 2022 por falta de asistencia.
- Sus abogados afirman que fue presuntamente blanco por su activismo pro‑palestino; el gobierno también investigó fondos que ella habría enviado al exterior, según se informa.
- Implicaciones prácticas: la detención, la fianza y la acumulación de presencia ilegal (unlawful presence) pueden generar barras de reingreso de 3 o 10 años; los tiempos de los procesos migratorios pueden durar meses o años.
Detención, alegatos y liberación
Leqaa Kordia, de 33 años y originaria de Cisjordania, fue detenida inicialmente durante las protestas en Columbia University en abril de 2024 y puesta en libertad entonces; fue arrestada de nuevo en marzo de 2025 durante un control rutinario de seguimiento con autoridades migratorias. El DHS (Department of Homeland Security) sostiene que ella había sobrepasado su visa de estudiante F‑1 —la inscripción en SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) fue terminarla en 2022 por "falta de asistencia", según la agencia— y abrió además una investigación sobre fondos enviados al extranjero, que Kordia y su familia dicen fueron remitidos a parientes. En su tercer trámite de fianza, un immigration judge (juez de inmigración de la Executive Office for Immigration Review, EOIR) calificó como "disingenuous" los argumentos del gobierno y fijó una fianza de $100,000 para su liberación; sus abogados dijeron que puede regresar a su residencia en Nueva Jersey mientras continúa su caso. Según informes, Kordia pasó por problemas de salud en detención, incluido un episodio convulsivo que requirió hospitalización.
Marco legal, riesgos y recomendaciones prácticas
En términos legales, la acción del DHS puede llevar a procedimientos de remoción (removal/deportation) ante un immigration judge y, si se comprueba unlawful presence, a barras de reingreso de 3 o 10 años si la persona sale del país (si la presencia ilegal acumulada supera 180 días pero es menos de un año, puede conllevar la barra de 3 años; si supera un año, la barra puede ser de 10 años). Para estudiantes con problemas de SEVIS y estatus F‑1, existe la posibilidad de solicitar reinstatement o cambios de estatus ante USCIS (United States Citizenship and Immigration Services), usualmente mediante formularios como el I‑539, pero esas solicitudes requieren pruebas específicas y los tiempos de procesamiento varían mucho; las cortes migratorias (EOIR) tienen listados de casos que a menudo demoran meses o años. Las tarifas y reglas para trámites ante USCIS y EOIR han cambiado en años recientes; quienes busquen acciones concretas deben verificar las tarifas y tiempos actuales en el sitio oficial de USCIS y consultar abogado de inmigración acreditado.
Impacto comunitario y pasos a seguir
Para la comunidad hispanohablante y activistas, este caso subraya la necesidad de documentación cuidadosa en check‑ins con ICE/USCIS, acceso a representación legal experta, registrar condiciones médicas y mantener constancia de envíos de fondos y relaciones familiares. Si enfrenta procesos migratorios, considere: 1) conseguir un abogado de inmigración con experiencia en removal y en peticiones de fianza; 2) recopilar pruebas de residencia, empleo, vínculos comunitarios y atención médica; 3) contactar el consulado correspondiente si procede; y 4) revisar opciones legales como solicitudes de asilo, waivers o reinstatement según el perfil del caso. Abogados y organizaciones comunitarias pueden ayudar a presentar evidencia ante un immigration judge y a monitorizar cambios de tarifas y tiempos de USCIS/EOIR. El alegato de que Kordia fue objetivo por su activismo ha sido planteado por su defensa y, según se informa, sigue en disputa en el proceso.
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