ICE detiene a no ciudadanos con condenas por delitos graves en operativo nacional, según el DHS

Puntos Clave

Qué pasó

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que agentes de ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) llevaron a cabo una operación nacional que resultó en la detención de no ciudadanos con condenas por delitos graves, incluidos homicidio y ofensas sexuales. Según se informa, el esfuerzo fue coordinado por ERO (Enforcement and Removal Operations), el directorio de ICE encargado de arresto, detención y remoción. El comunicado destaca que el objetivo fueron personas con antecedentes criminales serios y presuntamente deportables bajo la ley de inmigración, aunque no detalló públicamente todas las ubicaciones ni la identidad de los detenidos al cierre del anuncio.

Bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), una persona no ciudadana puede ser “deportable” por ciertas condenas, como “aggravated felonies” (delitos agravados según la INA) o delitos que involucren conducta sexual abusiva, entre otros. Tras un arresto de ICE, la agencia puede emitir una Notice to Appear (NTA, Aviso de Comparecencia) para iniciar el proceso ante un juez de inmigración en EOIR, o ejecutar una orden final si ya existe. Algunas personas podrían solicitar libertad bajo fianza ante un juez o alternativas a la detención, dependiendo del expediente penal y migratorio. Las guías de cumplimiento vigentes del DHS señalan como prioridad a quienes representen una amenaza a la seguridad pública, algo que el comunicado del gobierno recalca en este operativo.

Impacto para la comunidad hispanohablante

Para familias inmigrantes hispanohablantes, este tipo de operativos subraya la importancia de conocer su situación migratoria y sus derechos. Durante un encuentro con ICE: se puede guardar silencio, pedir hablar con un abogado, y no abrir la puerta sin una orden judicial firmada por un juez; una orden administrativa de ICE no obliga a abrir. Beneficiarios de programas como TPS o DACA no son por sí mismos el objetivo de remoción, pero una condena penal puede cambiar el análisis de riesgo. Asesoría legal individual es clave para evaluar defensas como cancelación de remoción, ajustes de estatus o protección humanitaria, cuando sean posibles.

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