Un mexicano de 19 años muere bajo la custodia del ICE en Estados Unidos

Puntos Clave

Resumen del caso

Royer Pérez fue detenido en enero en el condado de Volusia (norte de Florida) y acusado de suplantación de identidad y resistencia a la autoridad; fue enviado a un centro de detención y trasladado días antes de su muerte al lugar donde fue hallado sin vida. ICE (Immigration and Customs Enforcement) comunicó que lo encontraron inconsciente y se le practicaron maniobras de reanimación sin éxito; la agencia, según se informa, barajó inicialmente la posibilidad de un suicidio. La Cancillería mexicana (SRE) calificó el fallecimiento de “inaceptable” y demandó una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades.

Investigación y responsabilidades legales

Por ley, ICE debe notificar públicamente las muertes de personas bajo su custodia y, en muchos casos, se realizan Detainee Death Reviews (revisiones internas) además de investigaciones independientes a cargo del DHS OIG (Office of Inspector General). También existe la Oficina de Responsabilidad Profesional (Office of Professional Responsibility, OPR) de ICE que puede participar en indagaciones internas. Las instalaciones de detención deben cumplir con los estándares médicos establecidos en los Performance-Based National Detention Standards (PBNDS), que regulan atención sanitaria y protocolos de emergencia; cuando hay dudas sobre la causa de muerte, las autopsias forenses y los informes pueden tardar semanas o meses, y las revisiones completas de muertes en custodia pueden prolongarse muchos meses o más de un año.

Impacto para la comunidad inmigrante y pasos prácticos

Para familiares y comunidades hispanohablantes, el caso subraya la importancia de acciones prácticas: 1) contactar de inmediato al consulado de México para asistencia consular y seguimiento (la Convención de Viena facilita el acceso consular y la notificación cuando un ciudadano extranjero está detenido); 2) solicitar una copia del expediente y presentar solicitudes bajo la FOIA (Freedom of Information Act), cuyo plazo inicial de respuesta suele ser de 20 días hábiles pero frecuentemente se extiende y puede implicar tarifas por copias; 3) exigir la apertura de investigaciones al DHS OIG y a la OPR de ICE, y considerar la contratación de un abogado especializado en inmigración y derechos civiles para explorar recursos legales y medidas adicionales (por ejemplo, solicitar una autopsia independiente). También es relevante recordar que los procesos migratorios y audiencias en inmigración (immigration court, removal proceedings) enfrentan retrasos por el backlog: las audiencias pueden tardar meses o años, por lo que la coordinación consular y legal temprana es clave. Para información actualizada sobre tarifas y tiempos de trámite relacionados con solicitudes migratorias consulte la web de USCIS y la representación consular correspondiente.

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