La Administración Trump deporta a cuatro inmigrantes a Esuatini en África oriental

Puntos Clave

El último traslado y el acuerdo con Esuatini

Esuatini recibió a cuatro inmigrantes expulsados por la Administración Trump como parte de un convenio económico por 5,1 millones de dólares. El Gobierno de la pequeña nación africana confirmó la llegada de “cuatro nacionales de terceros países” procedentes de Estados Unidos. Entre los deportados hay dos ciudadanos de Somalia, uno de Sudán y otro de Tanzania; sus identidades no fueron reveladas. Con este vuelo, ya suman 19 las personas enviadas a ese territorio, que se ha convertido en un nuevo eslabón de la estrategia de deportaciones a terceros países. Un rastreador de vuelos administrado por Human Rights First, según se informa, ubicó el último despegue en Phoenix (Arizona) y su aterrizaje en el sur de África alrededor de las 23.00 del miércoles.

Costos públicos y cuestionamientos

La política ha sido duramente cuestionada por demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, quienes afirman que la Administración está realizando pagos directos a gobiernos “corruptos e inestables” y construyendo una red global de deportaciones “ineficaz y cruel”, con presuntas irregularidades y poca supervisión. Una investigación legislativa calcula más de 40 millones de dólares desembolsados a cinco países para recibir a grupos reducidos. Solo el costo de los vuelos militares rondaría los 32.000 dólares por hora; expulsar a una sola persona puede promediar 130.000 dólares y, en casos extremos, alcanzar hasta un millón. Organizaciones de derechos humanos advierten que estas devoluciones representan riesgos de tortura, desarraigo y barreras lingüísticas; en meses previos se enviaron a Esuatini personas de Vietnam, Cuba, Laos y Yemen. Según se informa, una de las primeras personas deportadas, un camboyano identificado como Pheap Rom, sería repatriado a su país, convirtiéndose en la segunda liberación de la custodia de Esuatini, después del retorno de otro hombre a Jamaica.

Bajo el INA § 241(b)(2), el DHS (Department of Homeland Security) puede ejecutar la “removal” hacia un país distinto al de nacionalidad si ese tercer Estado acepta al extranjero. La operación es implementada por ICE (Immigration and Customs Enforcement) a través de su división ERO, mientras que las decisiones en tribunales migratorios corresponden a la EOIR (Executive Office for Immigration Review) del Departamento de Justicia. La USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) no ordena deportaciones, pero gestiona beneficios migratorios como asilo afirmativo o permisos de trabajo. En estos casos, la opacidad del proceso ha aumentado, con traslados discretos y escasa notificación pública, según denuncian organizaciones civiles.

Impacto y qué puede hacer la comunidad

Para personas con orden final de deportación, existen medidas urgentes y legales que pueden evaluar con asesoría: solicitudes de suspensión de deportación ante ICE (Form I-246, “stay of removal”); apelaciones ante la BIA (Board of Immigration Appeals) dentro de 30 días; o mociones para reabrir el caso, por lo general dentro de 90 días, cuando haya nueva evidencia o cambio de circunstancias. Quienes teman persecución o tortura pueden solicitar protección como asilo (asylum), “withholding of removal” o amparo bajo la CAT (Convention Against Torture), incluso en fase defensiva ante la EOIR. Los tiempos de procesamiento varían: apelaciones ante la BIA suelen tardar de varios meses a más de un año; trámites de USCIS como el asilo afirmativo también pueden demorar muchos meses. Las tarifas administrativas cambian con frecuencia; verifique los montos y formularios vigentes en los sitios oficiales de USCIS y EOIR/DOJ antes de presentar cualquier solicitud. Revise su expediente en línea, mantenga copias de sus órdenes y notificaciones, y consulte a abogadas/os o representantes acreditados por DOJ para diseñar una estrategia conforme a derecho.

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