Human Rights Watch acusa a El Salvador de desaparición forzada de 11 salvadoreños deportados desde Estados Unidos
Puntos Clave
- Human Rights Watch (HRW) califica como "desaparición forzada" la falta de información sobre 11 salvadoreños deportados (deportation/removal) desde EEUU en marzo y octubre de 2025.
- Familias y abogados denuncian incomunicación: no se permitió contacto con los detenidos y recursos de habeas corpus han sido, según se informa, ignorados.
- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó medidas para revelar la situación jurídica y poner fin a la incomunicación; en pocos casos se confirmó paradero pero no acceso.
- Implicaciones prácticas: familias pueden solicitar información a ICE/DHS vía FOIA, presentar recursos ante tribunales nacionales y peticiones a la CIDH; estos trámites pueden tardar semanas o meses y en ciertos casos no implican tarifas.
- Las acusaciones de pertenencia a pandillas hechas por autoridades estadounidenses son, presuntamente, no sustentadas públicamente para todos los casos.
Qué sucedió
Human Rights Watch documenta que al menos 11 hombres salvadoreños deportados (removal) desde Estados Unidos en marzo y octubre de 2025 permanecen sin que las autoridades salvadoreñas informen sobre su paradero o les permitan comunicarse con familiares o abogados, lo que HRW considera una desaparición forzada. Algunos de los vuelos que los trasladaron también incluyeron a más de 250 venezolanos expulsados; la Administración estadounidense habría identificado presuntamente a algunos de los deportados como miembros de MS‑13, pero, según HRW y familiares, no se han presentado pruebas públicas que sostengan esas afirmaciones en todos los casos.
Repercusiones legales y recursos disponibles
Legalmente, la deportación (removal/deportation) desde Estados Unidos no elimina derechos básicos como el acceso a un juicio justo y a comunicarse con defensa. Las familias han interpuesto recursos de habeas corpus (recurso de habeas corpus) en El Salvador, que según se informa han sido ignorados salvo excepciones; la CIDH emitió medidas solicitando que el Estado revele la situación jurídica y ponga fin a la incomunicación. A nivel práctico, las familias pueden pedir a ICE o al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) información mediante una solicitud FOIA (Freedom of Information Act), trámite que suele tardar entre 3 y 6 meses o más y que puede implicar tarifas reducidas o exención si se solicita; la presentación de peticiones a la CIDH no requiere pago y las medidas cautelares pueden gestionarse en cuestión de semanas o meses según la urgencia.
Qué deben hacer las familias y la comunidad hispanohablante
Para quienes buscan asistencia: recopilen toda la documentación disponible (registros de deportación/expulsión, identificaciones, contacto de último lugar de detención) y contacten rápidamente a abogados especializados en derechos humanos y organizaciones de defensa de migrantes. Soliciten información a ICE/DHS mediante FOIA y pidan a representantes electos que interpelen a las agencias. Presentar recursos de habeas corpus en El Salvador y peticiones o medidas cautelares ante la CIDH son vías complementarias; en muchos casos estas acciones no implican tarifas o permiten solicitudes de exención, pero pueden demorar y requerir representación legal. Para la comunidad hispanohablante, el caso subraya el riesgo de que deportaciones masivas (incluidas alegaciones no verificadas de pertenencia a pandillas) conduzcan a violaciones de derechos fundamentales, por lo que la coordinación entre abogados, organizaciones comunitarias y autoridades diplomáticas es clave.
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