Fiscal general de Montana exige revocación de política que negó acceso de ICE a registros y el condado lo niega

Puntos Clave

Qué ocurrió

El Attorney General (fiscal general) de Montana, Austin Knudsen, notificó a la oficina del County Attorney de Gallatin —que incluye Bozeman— que su determinación de no reconocer a Immigration and Customs Enforcement (ICE) como agencia de "criminal justice" con derecho a recibir Confidential Criminal Justice Information (CCJI) es "legalmente incorrecta" y presuntamente socava la coordinación con las autoridades federales. Knudsen incluyó la advertencia de que "Montana is not California" para subrayar que el estado no aceptará políticas que aislen a los socios en el cumplimiento de la ley. Gallatin County respondió que no existe una política de carácter general que prohíba compartir información y explicó que, en el caso concreto señalado, la oficina legal concluyó que la solicitud de ICE era de naturaleza civil y por ello ICE no encajaba en la definición estatutaria de agencia penal en ese contexto; la nota del asistente del condado que marcó la postura se describe, según se informa, como un incidente puntual y no como política oficial.

CCJI (Confidential Criminal Justice Information) es la categoría legal para registros y datos diseñados para uso en la administración de la justicia penal; las leyes estatales fijan qué agencias califican para recibirlos sin orden judicial. La ley estatal de Montana de 2021 contra las "sanctuary cities" habilita al Attorney General a investigar y buscar acciones civiles contra gobiernos locales que, según se informa, falten a esa obligación de cooperación con agencias federales como ICE o el Department of Homeland Security (DHS). Para las personas inmigrantes esto significa que, si las oficinas locales comparten más expedientes o responden con mayor prontitud a solicitudes de ICE, podría aumentar el uso de detainers (órdenes de retención) o la apertura de procesos administrativos de inmigración que deriven en detención o remoción; estos efectos son presuntamente posibles dependiendo de cómo evolucione la disputa legal entre el estado y el condado.

Consejos prácticos para residentes inmigrantes

Si usted o un familiar se enfrenta a una interacción con la policía o agentes federales, busque asesoría de un abogado de inmigración y/o defensor local de confianza; no firme documentos sin consejo legal y solicite un intérprete si lo necesita. Verifique tiempos de procesamiento y cambios de tarifas en USCIS.gov para trámites migratorios —en este caso no hay reportes públicos de cambios de tarifas vinculados a la disputa— y sepa que órdenes judiciales o solicitudes formales de información pueden tardar desde días hasta semanas en resolverse. Mantenga documentos de identidad organizados, conozca sus derechos ante detenciones (p. ej., derecho a un abogado) y contacte organizaciones comunitarias que ofrecen asistencia jurídica si teme una solicitud de intercambio de registros con ICE.

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