Tennessee aprueba proyecto que penaliza a migrantes que desafían órdenes de deportación
Puntos Clave
- El Senado de Tennessee aprobó, según se informa, un proyecto que convertiría en delito permanecer en el estado tras una "removal order" (orden de deportación) final.
- La medida exige que la persona deje Tennessee en 90 días o enfrente un "Class A misdemeanor" (delito menor de Clase A): hasta 11 meses y 29 días de cárcel, una multa de hasta $2,500, o ambas sanciones; la reentrada también sería un delito.
- Críticos advierten que la iniciativa podría chocar con la autoridad federal sobre inmigración (agencias como ICE y USCIS) y generar litigios hasta la Corte Suprema; los defensores dicen que presuntamente aumentaría la disuasión.
- Impacto directo en la comunidad hispanohablante: mayor riesgo de detenciones locales, carga para tribunales estatales y necesidad urgente de asesoría legal especializada.
- Si avanza, la medida podría sentar un precedente para otros estados que buscan ampliar la aplicación estatal de normas migratorias.
Qué aprobó el Senado
El Senado de Tennessee votó a favor, según se informa, de un proyecto que obliga a las personas con una "removal order" (orden de deportación final emitida en procesos de inmigración federales) a abandonar el estado en un plazo de 90 días; de no hacerlo, se enfrentarían a un "Class A misdemeanor" (delito menor de Clase A). El texto, que ya había pasado previamente por la Cámara, también crea un delito separado para quienes vuelvan a entrar o intenten entrar al estado tras haber sido deportados. Las penalidades señaladas son de hasta 11 meses y 29 días de cárcel y multas de hasta $2,500.
Impacto para inmigrantes hispanohablantes
Para la comunidad inmigrante hispanohablante, el proyecto aumenta la posibilidad de que agentes estatales o locales participen en detenciones asociadas a la condición migratoria, lo cual podría provocar más remociones a nivel local y una carga adicional en los tribunales estatales. Aunque los promotores sostienen que la norma presuntamente reforzaría el cumplimiento de órdenes federales, expertos y organizaciones de derechos civiles advierten que la ley podría entrar en conflicto con la autoridad federal sobre inmigración —gestionada por agencias como ICE (Immigration and Customs Enforcement) y USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services)— y que es probable que provoque litigios que lleguen hasta la Corte Suprema.
Qué deben hacer los afectados
Si usted o un familiar enfrenta una "removal order", tenga en cuenta los plazos y los riesgos nuevos: el proyecto establece un plazo de 90 días para salir del estado y sanciones criminales por incumplimiento o reingreso. Los recursos disponibles incluyen apelaciones ante la Board of Immigration Appeals (BIA) o mociones para reabrir expedientes, cuyos tiempos de procesamiento varían y pueden tardar meses o años; por eso es crucial buscar asesoría de un abogado de inmigración o de organizaciones de asistencia legal lo antes posible. Además, documente su caso, revise si califica para formas de alivio (asilo, ajuste de estatus, cancelación de deportación, etc.) y esté atento a la firma del gobernador y a futuras impugnaciones judiciales que podrían cambiar la aplicabilidad de la norma.
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