La Cámara rechaza deportar a inmigrantes que dañen perros o caballos policiales
Puntos Clave
- La Cámara aprobó otra medida relacionada con inmigración, pero la propuesta BOWOW Act (Bill to Outlaw Wounding of Official Working Animals) fue bloqueada por la mayoría demócrata en la votación reciente según se informa.
- La propuesta habría hecho a cualquier "noncitizen" (no ciudadano) condenado o que "admita" (admit) haber lesionado animales de trabajo policiales deportable (deportable) e inadmisible (inadmissible).
- Votación en la Cámara: 228 a 190; la oposición demócrata argumenta que las leyes existentes ya permiten la remoción y que la medida podría violar el due process (debido proceso) al permitir expulsiones sin una condena formal.
- El caso citado ocurrió en Dulles Airport en 2025, donde un viajero egipcio presuntamente pateó a un K-9 asignado por Customs and Border Protection (CBP); el individuo fue arrestado y según se informa regresó a su país tras declararse culpable.
- Impacto práctico: si se aprobara, aumentaría el riesgo de que "noncitizens" enfrenten procesos de removal (remoción) basados en admisiones, afectando a residentes, solicitantes de visas y trabajadores extranjeros.
Qué propone la medida
El BOWOW Act, presentado por el Rep. Ken Calvert, pretende añadir el daño a animales de trabajo policial como causa expresamente enumerada para hacer a un "noncitizen" deportable (deportable) y inadmisible (inadmissible) para entrar al país. La diferencia legal clave es que la medida abarcaría tanto a quienes son "convicted" (condenados) como a quienes "admit" (admiten) haber cometido la conducta; esa segunda vía preocupa a demócratas que sostienen que permitir la expulsión basada solo en una admisión podría socavar el due process (debido proceso). El artículo cita un incidente en Dulles Airport en 2025 donde un viajero presuntamente pateó a un perro policía mientras agentes de Customs and Border Protection (CBP) inspeccionaban equipaje.
Impacto para la comunidad inmigrante hispanohablante y pasos prácticos
Aunque la medida probablemente no avance en el Senado, el debate resalta riesgos concretos para la comunidad hispanohablante: conductas que resulten en cargos o incluso declaraciones podrían traducirse en órdenes de removal que afectan a personas con distintos estatus migratorios (incluyendo refugiados, titulares de visas o residentes). Si el DHS/Immigration and Customs Enforcement (ICE) inicia un proceso de remoción, el caso pasará a la Executive Office for Immigration Review (EOIR), donde los tiempos de resolución varían ampliamente —desde varios meses hasta años— debido al backlog; los casos con detención suelen moverse más rápido. No se han anunciado cambios de tarifas (fees) de USCIS relacionados con esta propuesta según se informa.
Qué hacer si le afecta: no firme ni admita culpabilidad sin consultar a un abogado; busque asistencia de un abogado de inmigración o defensor legal especializado inmediatamente. Reúna documentación de identidad y estado migratorio, contacte el consulado de su país si corresponde, y consulte recursos locales de "Know Your Rights". En procesos de remoción existen opciones de defensa (ajustes de estatus, defensas basadas en convicciones y circunstancias humanitarias) y vías de apelación ante la Board of Immigration Appeals (BIA) y tribunales federales; cada caso es distinto, por lo que la asesoría legal es esencial.
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