Juez de Oregón limita uso de gas lacrimógeno por agentes federales en protestas frente a ICE en Portland
Puntos Clave
- Un juez federal emitió una “preliminary injunction” (orden preliminar) que restringe el uso de gas lacrimógeno y municiones de control de multitudes por agentes del Department of Homeland Security (DHS) en protestas ante el edificio de Immigration and Customs Enforcement (ICE) en Portland.
- Solo podrán usar químicos y proyectiles si existe una amenaza inminente de daño físico; queda prohibido apuntar a cabeza, cuello o torso salvo cuando esté legalmente justificado el uso de fuerza letal.
- La demanda de la ACLU de Oregón alega represalias que enfrían derechos de la First Amendment (Primera Enmienda); el juez calificó la conducta de los agentes como “objetivamente amedrentadora”.
- Hubo “provisional class certification” (certificación provisional de clase), ampliando el alcance a un grupo mayor de manifestantes y periodistas; esto no afecta trámites ante USCIS (procesamiento ni tarifas).
- Recomendación práctica: documentar incidentes, conocer la diferencia entre “resistencia pasiva” y “activa” y usar las vías de queja civil del DHS si se presuntamente vulneran derechos.
¿Qué ordenó la corte?
El juez federal Michael Simon emitió una preliminary injunction en un caso presentado por la ACLU de Oregón en nombre de manifestantes y periodistas independientes, que impugna el empleo de agentes químicos y proyectiles por parte de DHS durante protestas frente a ICE en Portland. En su opinión, el juez citó videos que, según se informa, muestran el uso directo de “OC spray” (gas pimienta de oleorresina capsicum) en el rostro de personas no violentas y el disparo de bolas de pimienta y gas lacrimógeno hacia multitudes pacíficas, lo que—dijo—enfría el ejercicio de derechos de la Primera Enmienda. DHS ha sostenido que sus agentes siguieron su capacitación y emplearon la fuerza mínima necesaria para protegerse y resguardar propiedad federal.
¿Qué cambia para las protestas y para ICE/DHS?
La orden prohíbe el uso de químicos o proyectiles salvo que exista una amenaza inminente de daño físico; veta disparar a cabeza, cuello o torso, excepto cuando el agente esté legalmente autorizado a usar fuerza letal. Además, impide el uso indiscriminado de spray de pimienta que afecte a personas ajenas a conductas violentas; solo puede dirigirse contra quienes cometan actos ilícitos violentos o resistan activamente, o en defensa razonable. El juez precisó que actos como traspasar sin violencia, negarse a moverse o a acatar una orden de dispersión constituyen “resistencia pasiva”, no “activa”. En un caso separado, otro juez también restringió el uso de gas lacrimógeno por agentes federales cerca del mismo edificio de ICE.
Impacto para la comunidad hispanohablante
Para personas inmigrantes y aliados que acuden a manifestaciones frente a instalaciones de ICE, la medida ofrece protecciones claras frente al uso de munitions de control de multitudes, mientras el litigio sigue en curso. No detiene operativos de inmigración ni impide arrestos individualizados, pero establece umbrales más altos para el uso de fuerza química y proyectiles y exige advertencias previas antes de dispersar. La certificación provisional de clase significa, presuntamente, que la protección de la orden se extiende a un grupo representativo de manifestantes y periodistas. Esta decisión no modifica trámites ante USCIS: no hay cambios en tiempos de procesamiento ni en tarifas de solicitudes de beneficios migratorios como asilo, DACA, TPS o visas (p. ej., H-1B).
Recomendaciones prácticas y vías de denuncia
Si asistes a protestas, infórmate de estas reglas, documenta incidentes en video cuando sea seguro y conserva evidencia de advertencias (o su ausencia). Si presuntamente se vulneran tus derechos, puedes presentar quejas ante la Office for Civil Rights and Civil Liberties (CRCL) del DHS o ante la Office of Inspector General (OIG), y consultar con abogadas/os de derechos civiles o migratorios. Según se informa, las manifestaciones contra políticas de deportación a nivel nacional continúan; conocer los límites que impone esta orden puede ayudar a la comunidad a ejercer sus derechos de forma más segura.
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