Tribunal de apelaciones concede a Trump una victoria temporal en deportaciones a “terceros países” mientras el caso apunta a la Corte Suprema
Puntos Clave
- Un tribunal federal de apelaciones (First Circuit) suspendió una orden de un juez de distrito que bloqueaba deportaciones de no ciudadanos a “terceros países”, permitiendo que la política siga temporalmente.
- El juez de distrito había determinado que el proceso del Department of Homeland Security (DHS, Departamento de Seguridad Nacional) violaba el debido proceso y exigía notificación significativa y entrevistas de “reasonable fear” (temor razonable).
- La administración sostuvo que sin la suspensión se pondrían en riesgo “miles” de deportaciones y negociaciones sensibles con países receptores, según se informa.
- El asunto presuntamente llegará a la Supreme Court of the United States (SCOTUS, Corte Suprema) para una revisión de fondo, tras anteriores suspensiones de emergencia que permitieron aplicar la política de forma provisional.
- Para la comunidad hispanohablante, el fallo significa que removals (remociones) a países distintos al de origen pueden continuar mientras avanza la apelación.
Decisión de apelación y qué está en juego
Un panel del First Circuit concedió a la administración Trump una suspensión de la orden del juez federal Brian Murphy, lo que en la práctica permite que el DHS siga removiendo a ciertos migrantes a un “tercer país” que acepte recibirlos, mientras se resuelve la apelación. La orden de Murphy —emitida tras una demanda colectiva— había concluido que el procedimiento de third‑country removal (remoción a un tercer país) vulneraba el debido proceso constitucional, y dispuso que el gobierno intentara primero la deportación al país de nacionalidad o a uno previamente designado por un juez de inmigración, con aviso “significativo” y la oportunidad de plantear temor de persecución mediante una entrevista de “reasonable fear” (un tamiz legal para evaluar riesgo de persecución o tortura en el país de remoción).
La administración argumentó que la orden del tribunal inferior generaba un “esquema impracticable” y ponía en riesgo “miles” de deportaciones planificadas y negociaciones delicadas con países terceros, según se informa. También citó que el año pasado la SCOTUS concedió suspensiones de emergencia que permitieron mantener, de forma provisional, esta política mientras continuaban los litigios.
Antecedentes legales y alcance de la política
La remoción a terceros países se ampara en disposiciones de la Immigration and Nationality Act (INA), que permiten al gobierno, en ciertas circunstancias, ejecutar la deportación a un país distinto al de nacionalidad si ese país acepta la recepción. El juez Murphy, designado por la administración Biden, determinó que el proceso aplicado por el DHS carecía de garantías claras sobre las “aseguranzas” ofrecidas por los países receptores y no cumplía con el debido proceso. Su fallo —que había sido diferido 15 días para permitir una apelación— exigía notificación adecuada y la posibilidad de plantear temor razonable respecto del tercer país antes de proceder.
Con la suspensión del First Circuit, el gobierno puede continuar, por ahora, con las remociones a terceros países. No obstante, el litigio presuntamente será revisado por la SCOTUS, lo que podría redefinir el alcance de esta herramienta en todo el país. Hasta entonces, los tribunales podrían emitir nuevas órdenes que modifiquen el panorama con poco aviso.
Impacto para la comunidad y recomendaciones prácticas
Para inmigrantes hispanohablantes en procesos de removal (remoción/deportación), este fallo implica que el DHS puede intentar la remoción a un tercer país si ese país acuerda recibirlos. Si usted teme persecución o tortura en ese país, pida de inmediato una entrevista de “reasonable fear” y documente cualquier riesgo (denuncias, reportes médicos, amenazas). Asista a todas sus audiencias ante EOIR (Executive Office for Immigration Review, cortes de inmigración del DOJ) y mantenga comunicación con su oficial de ICE (Immigration and Customs Enforcement) si tiene presentaciones programadas.
Tiempos y costos: las entrevistas de “reasonable fear” suelen programarse en semanas, y las decisiones o apelaciones ante la Board of Immigration Appeals (BIA, junta de apelaciones del DOJ) pueden tardar varios meses, dependiendo de la carga de casos. Presentar la solicitud de asilo en USCIS/EOIR (Formulario I‑589) no tiene tarifa gubernamental actualmente; verifique siempre en los portales oficiales de USCIS y EOIR posibles cambios de tarifas o formularios. Busque asesoría legal acreditada; organizaciones sin fines de lucro y defensores autorizados pueden orientar sobre plazos, opciones de alivio (asilo, withholding of removal, protección CAT) y cómo solicitar suspensiones de remoción cuando proceda.
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