Juez frena intento del gobierno de Trump de restringir apelaciones migratorias
Puntos Clave
- Un juez federal, según se informa, emitió una medida cautelar preliminar que bloquea una norma del gobierno de Trump para limitar las apelaciones en cortes de inmigración.
- La regla, presuntamente de EOIR (Executive Office for Immigration Review, la oficina de tribunales migratorios), buscaba elevar de forma drástica las tarifas y acotar los recursos ante la BIA (Board of Immigration Appeals, la Junta de Apelaciones de Inmigración).
- Con el freno judicial, se mantienen por ahora las tarifas y procedimientos vigentes, incluyendo la posibilidad de pedir exención de pago (fee waiver) con el Form EOIR-26A.
- La comunidad hispanohablante puede seguir presentando apelaciones dentro de los plazos estándar: 30 días para apelar decisiones del juez de inmigración; 30 días para “motion to reconsider” y 90 días para “motion to reopen”, con excepciones limitadas.
- Se recomienda presentar a tiempo, conservar comprobantes y monitorear el caso por la línea automatizada de EOIR (1-800-898-7180) o con su abogado/a.
Qué se decidió
Según se informa, un tribunal federal detuvo temporalmente una iniciativa de la administración Trump que pretendía restringir las apelaciones migratorias. La orden es una preliminary injunction (medida cautelar preliminar) que impide la entrada en vigor de cambios regulatorios hasta que se resuelva el litigio de fondo. La decisión preserva el acceso de personas inmigrantes —incluida la comunidad hispanohablante— a revisar decisiones desfavorables de jueces de inmigración ante la BIA, instancia administrativa de apelación dentro de EOIR.
Qué cambiaba la regla
La norma impugnada, presuntamente impulsada por el Departamento de Justicia (DOJ) a través de EOIR, buscaba encarecer significativamente las tarifas de apelación y de ciertos recursos, lo que, en la práctica, podría haber reducido el acceso a la revisión de casos. Según se informa, uno de los incrementos propuestos elevaba la tarifa de apelación ante la BIA (Form EOIR-26) de $110 a $975, y también aumentaba costos para “motions to reopen” y “motions to reconsider”. Estos cambios habrían afectado de forma desproporcionada a solicitantes con bajos ingresos, incluidas familias hispanohablantes en proceso de deportación.
Impacto práctico para la comunidad
Con la medida judicial, continúan aplicándose los plazos y costos vigentes: por regla general, hay 30 días para apelar un fallo del juez de inmigración ante la BIA, 30 días para un “motion to reconsider” (pedir que el mismo juzgador reevalúe por error legal) y 90 días para un “motion to reopen” (reabrir por nueva evidencia), con excepciones estrechas. Quienes no puedan pagar pueden solicitar fee waiver usando el Form EOIR-26A. El tiempo de procesamiento de la BIA suele tomar varios meses —con frecuencia más de un año—, y puede variar según si la persona está detenida o no y la complejidad del expediente. Mantener dirección actualizada ante EOIR, presentar a tiempo y guardar recibos es clave.
Qué observar ahora
La orden puede ser apelada, y el gobierno podría intentar reinstalar la regla o emitir una versión modificada. Hasta nuevo aviso, la mejor práctica es: consultar de inmediato con su representante legal, preparar el expediente de apelación con antelación, presentar dentro del plazo, pedir exención de tarifa si procede y monitorear el caso por la línea automatizada de EOIR (1-800-898-7180) o, si tiene abogado/a, por el sistema ECAS (EOIR Courts & Appeals System). Para trámites de beneficios ante USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services, la agencia que procesa beneficios migratorios), los cambios de tarifas y tiempos son distintos y no se ven afectados directamente por esta orden.
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