AFSC desglosa el legado migratorio de Trump: políticas, litigios y qué deben saber los solicitantes

Puntos Clave

• AFSC publica, según se informa, un resumen de las medidas migratorias de 2017–2021: vetos de viaje, “Remain in Mexico” (MPP), “public charge” ampliado, recortes a refugiados y uso de Title 42.
• Varias políticas fueron impugnadas en tribunales: algunas se mantuvieron (p. ej., travel ban en Trump v. Hawaii), otras fueron bloqueadas o luego revertidas.
• El saldo para solicitantes: vaivén normativo, mayores atrasos y necesidad de verificar qué reglas rigen hoy antes de aplicar.
• La regla de tarifas de USCIS de 2020 fue bloqueada y no entró en vigor; hoy aplican los aranceles vigentes publicados por USCIS.
• Recomendaciones prácticas: revisar tiempos de procesamiento por tipo de caso, confirmar estándares actuales de “public charge” y usar fuentes oficiales.

Qué publicó AFSC

La American Friends Service Committee (AFSC) difundió un explicador que, según se informa, traza el panorama de las acciones migratorias del expresidente Donald Trump y su impacto en asilo, admisiones de refugiados y procesamiento de visas. El documento sitúa estas medidas dentro de una estrategia de aplicación reforzada por USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services; la agencia que procesa beneficios), CBP (Customs and Border Protection; control fronterizo) e ICE (Immigration and Customs Enforcement; detención y deportación), con consecuencias directas para familias y trabajadores inmigrantes hispanohablantes.

Principales medidas y pleitos

Entre 2017 y 2021, la Administración emitió vetos de viaje por proclamación presidencial a países mayoritariamente musulmanes y africanos (el formato final fue avalado en Trump v. Hawaii, 2018); implementó el MPP o “Remain in Mexico” (que devolvía a solicitantes de asilo a México mientras avanzaban sus casos); impulsó la regla de “public charge” de 2019 (ampliando cuándo el uso de ciertos beneficios se ponderaba en solicitudes de residencia permanente); aplicó “zero tolerance” con separaciones familiares en la frontera sur; y usó el Title 42 (orden de salud pública) desde marzo de 2020 para expulsiones rápidas sin evaluaciones de asilo estándar. También intentó terminar DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals; protección temporal para jóvenes), cancelar TPS (Temporary Protected Status) para varias nacionalidades, redujo el tope anual de refugiados a 15,000 en el año fiscal 2021, endureció reglas de permiso de trabajo para solicitantes de asilo y trató de reconfigurar la inmigración basada en empleo —incluida la visa H-1B (trabajadores especializados)— con cambios salariales y de selección que no prosperaron plenamente. Varias de estas medidas fueron revertidas o detenidas: la rescisión de DACA fue bloqueada por la Corte Suprema en 2020 por fallas de procedimiento; la regla de “public charge” de 2019 rigió brevemente y luego fue anulada tras litigios y cambios de política; la regla de tarifas de USCIS de 2020 fue enjuiciada y no entró en vigor; MPP terminó tras idas y vueltas legales bajo la siguiente administración; y las expulsiones bajo Title 42 continuaron hasta su fin en 2023. Intentos de terminar TPS quedaron mayormente suspendidos por medidas cautelares y acuerdos.

Impacto práctico y qué verificar hoy

Para la comunidad hispanohablante, el legado principal es la incertidumbre normativa y mayores atrasos. Recomendaciones clave: 1) confirmar la norma vigente antes de presentar, 2) documentar a fondo elegibilidad y buena fe, y 3) usar asesoría autorizada. En “public charge”, hoy aplica la regla de DHS más reciente (no la de 2019): no se penaliza en general por beneficios no monetarios como SNAP o Medicaid, salvo excepciones como institucionalización de largo plazo; USCIS no exige el Form I-944. DACA: las renovaciones siguen aceptándose, mientras que las solicitudes iniciales permanecen sujetas a órdenes judiciales. Asilo: el MPP terminó y el estándar del “EAD clock” volvió a la norma general de 150 días para solicitar el permiso de trabajo (Form I-765) y 180 días para ser elegible, aunque se debe vigilar la guía de USCIS. En empleo, la H-1B mantiene el sistema de registro electrónico; verifique criterios actualizados de selección y salarios prevalecientes. Tiempos de procesamiento continúan elevados y varían por tipo de caso y oficina: solicitudes I-765 suelen demorar aproximadamente 3–6+ meses; ajustes de estatus I-485 frecuentemente 8–20+ meses; naturalización N-400 alrededor de 6–12+ meses, con diferencias locales. La regla de aumento de tarifas de 2020 no entró en vigor; consulte la tabla de aranceles vigente de USCIS antes de pagar, pues ha habido ajustes posteriores. Presentar en línea cuando esté disponible, monitorear el caso en Case Status de USCIS y, si corresponde, considerar “premium processing” (servicio expedito de pago adicional) en I-129/I-140 puede mitigar demoras en categorías elegibles. En todos los casos, según se informa en el análisis de AFSC, la verificación puntual de la norma aplicable es esencial para evitar rechazos o demoras.

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