Investigadores tecnológicos impugnan política de Trump que presuntamente amenaza con deportación por trabajo en redes sociales y “online harms”
Puntos Clave
- Según se informa, investigadores y el Knight First Amendment Institute presentaron una impugnación legal contra una política del gobierno de Trump que permitiría revocar visas y ordenar removal (deportación) a no ciudadanos que trabajen en plataformas sociales o en investigación de “online harms” (daños en línea).
- La demanda sostiene presuntas violaciones a la Primera Enmienda y a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), y busca una orden judicial para frenar su aplicación.
- Profesionales en estatus F-1 (OPT/STEM OPT), H-1B, O-1 y J-1 en áreas de confianza y seguridad, moderación de contenidos o integridad de plataformas podrían verse afectados si la medida avanza.
- USCIS mantiene tiempos de procesamiento variables y tarifas ajustadas desde 2024; se recomienda documentar funciones de puesto, relación con el campo de estudio y consultar asesoría legal.
- El resultado del caso podría definir hasta dónde puede el gobierno penalizar trabajo e investigación sobre desinformación, acoso y seguridad en línea.
¿Qué se está impugnando?
Según se informa, un grupo de investigadores tecnológicos, con apoyo del Knight First Amendment Institute, ha presentado una acción legal contra una política del gobierno de Trump que presuntamente habilita a DHS/USCIS a revocar visas y a ICE a iniciar removal (deportación) contra no ciudadanos cuyo empleo o investigación se vincule con plataformas de redes sociales y el campo de “online harms” (por ejemplo, moderación de contenidos, integridad de plataformas, desinformación y seguridad infantil). Los demandantes argumentan que la medida castiga actividades protegidas por la libertad de expresión (Primera Enmienda) y excede la autoridad que la INA otorga al Ejecutivo para regular la admisión y permanencia de extranjeros.
Impacto para la comunidad inmigrante hispanohablante
Si la política entra en vigor, podría generar incertidumbre para profesionales hispanohablantes con F-1 (OPT/STEM OPT), H-1B, O-1 o J-1 que trabajan en “trust & safety”, análisis de desinformación o moderación de contenidos. En la práctica, quienes ocupen estos puestos podrían, presuntamente, enfrentarse a Requests for Evidence (RFE), Notices of Intent to Revoke (NOIR) o, en casos extremos, Notices to Appear (NTA) en procesos de removal. Aunque el alcance real aún es objeto de litigio, el simple riesgo regulatorio puede afectar renovaciones, cambios de estatus y movilidad laboral en el sector tecnológico.
Qué hacer ahora: pasos prácticos
Mientras se resuelve el litigio, especialistas recomiendan: mantener estatus válido y registros sólidos de empleo (descripciones de puesto, organigramas, proyectos y cómo se relacionan con el título académico en OPT/ STEM OPT); coordinar con el empleador para responder con evidencia técnica a eventuales RFEs; y consultar a un abogado de inmigración antes de viajar o cambiar de rol. USCIS conserva tiempos de procesamiento variables según oficina y categoría: de forma orientativa, H-1B y O-1 pueden tardar varios meses con opción de Premium Processing (adjudicación acelerada), y los EAD de OPT suelen demorar de semanas a pocos meses; verifique siempre la herramienta oficial de tiempos. Desde 2024 rige un nuevo esquema de tarifas de USCIS y un aumento en Premium Processing; revise montos vigentes antes de presentar (por ejemplo, I-129 para H-1B, I-539 para dependientes, I-765 para EAD).
Lo que viene
El tribunal podría emitir una orden preliminar que, según se informa, detenga temporalmente la aplicación de la política mientras se decide el fondo. El desenlace marcará límites entre la autoridad migratoria y la protección constitucional de investigación y trabajo en el ecosistema de plataformas. Para la comunidad inmigrante, el mensaje inmediato es de cautela: documentar, planificar y seguir de cerca las directrices de USCIS y el avance del caso.
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