Denver: la junta de DPS estudia declarar las escuelas “zonas seguras” frente a operativos de inmigración
Puntos Clave
- La junta de Denver Public Schools (DPS) considera una política que designaría los planteles como “safe zones” (zonas seguras) frente a acciones de inmigración, según se informa.
- La propuesta limitaría la cooperación con ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) y CBP (U.S. Customs and Border Protection) sin una orden judicial y reforzaría la capacitación al personal.
- El plan se alinea con la guía federal de DHS (Department of Homeland Security) sobre “protected areas/sensitive locations” —como escuelas—, con excepciones limitadas.
- La medida no cambia estatus migratorios ni los trámites ante USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services), pero podría reducir el miedo y las ausencias escolares.
- Registros estudiantiles están protegidos por FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act) y solo se entregan con consentimiento o una orden legal válida.
Qué propone DPS
La junta de DPS analiza, según se informa, una política que declararía a las escuelas del distrito como “safe zones” frente a la ejecución de leyes migratorias. Entre los elementos discutidos estarían: exigir una orden judicial firmada por un juez para que agentes de ICE o CBP ingresen a campus; establecer un protocolo para que la oficina legal del distrito verifique cualquier orden; prohibir a empleados preguntar o registrar el estatus migratorio de estudiantes y familias; y ofrecer comunicación multilingüe y talleres de “conozca sus derechos”. La norma también podría designar un punto de contacto distrital para cualquier acercamiento de autoridades federales y requerir capacitación anual al personal, según se informa.
Marco legal y límites
Desde hace años, DHS mantiene lineamientos que tratan escuelas, hospitales y templos como “sensitive locations” o “protected areas”, donde la ejecución de leyes migratorias generalmente se evita. Aun así, existen excepciones por circunstancias apremiantes, seguridad nacional o con órdenes judiciales válidas. Una política distrital no puede impedir el cumplimiento de una orden de un juez ni obstaculizar una investigación federal. En cuanto a documentos, FERPA protege expedientes educativos y solo permite divulgación con consentimiento o con orden/subpoena. Importante: una orden administrativa de ICE (p. ej., formularios I-200/I-205) no equivale a una orden judicial firmada por un juez.
Impacto para familias hispanohablantes
Para familias inmigrantes, una designación de “zona segura” podría brindar más confianza al asistir a la escuela, participar en servicios y reducir ausencias por temor a operativos. Aun así, es prudente conocer derechos básicos: usted puede mantener la puerta cerrada en casa, pedir ver una orden judicial firmada por un juez, ejercer su derecho a guardar silencio y consultar a un abogado antes de firmar documentos. No comparta estatus migratorio con la escuela; actualice contactos de emergencia y aproveche talleres de organizaciones locales como la Colorado Immigrant Rights Coalition o RMIAN. Esta política no altera procesos de USCIS: los tiempos de procesamiento y tarifas siguen regidos a nivel federal; para estatus de casos use “Case Status Online” y “Processing Times” en el sitio de USCIS.
Qué sigue
La junta de DPS debatirá y, presuntamente, votará la medida en próximas sesiones públicas. Si se aprueba, el distrito tendría que implementar protocolos de respuesta, capacitación y notificación a familias en español e inglés. Se recomienda a padres y estudiantes seguir las agendas de la junta, enviar comentarios públicos y conservar copias de guías y cartas del distrito sobre cómo actuar si agentes federales se presentan en o cerca de una escuela.
Fuente: Artículo Original