La junta de DPS estudia una política para designar las escuelas como "zonas seguras" frente a la acción migratoria

Puntos Clave

Qué propone la política

La medida que evalúa la junta de DPS, según se informa, busca formalizar reglas internas para cuando agentes federales —por ejemplo ICE (Immigration and Customs Enforcement, la agencia de control migratorio de EE. UU.) o personal de DHS (Department of Homeland Security)— lleguen a un plantel. Entre las medidas presuntamente consideradas figuran exigir una orden judicial válida (judicial warrant) en lugar de una orden administrativa para ingreso a instalaciones escolares, notificar a padres o tutores antes de permitir acceso, limitar la cooperación en la entrega de datos personales y capacitar al personal sobre los llamados "sensitive locations" (lugares sensibles, política que ICE estableció en 2011) y sobre la ley FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act), que restringe la divulgación de registros estudiantiles sin consentimiento.

Impacto para la comunidad inmigrante hispanohablante

Para familias hispanohablantes inmigrantes, una política local puede reducir el miedo a enviar a sus hijos a la escuela y fomentar la matrícula y la participación en actividades escolares. Sin embargo, es importante entender que los distritos escolares no pueden anular la ley federal: agentes federales aún pueden actuar si tienen una orden judicial válida o autoridad federal; por eso muchas de las protecciones serían administrativas y de procedimiento, no inmunidad total. Además, toda afirmación sobre efectos inmediatos se considera presuntamente hasta que la junta vote y la política sea implementada.

Consejos prácticos y trámites

Si agentes de inmigración aparecen en una escuela o en su hogar: solicite ver una orden judicial firmada por un juez; no consienta búsquedas sin orden; pida la identificación del agente; registre nombres y contactos; contacte de inmediato a un abogado de inmigración o a servicios legales locales. En cuanto a trámites migratorios, los tiempos de procesamiento varían según el trámite y la carga de trabajo de USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services). Algunas guías prácticas: la "premium processing" para ciertos trámites de empleo (por ejemplo, algunos H‑1B) promete respuesta en 15 días calendario por una tarifa adicional; renovaciones de programas como DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) o solicitudes de asilo pueden tardar meses o años —consulte los tiempos de procesamiento actuales y cambios en tarifas en USCIS.gov. Para solicitudes con limitaciones económicas, existe el Form I‑912 (Request for Fee Waiver — solicitud de exención de tarifas) en casos que cumplan requisitos.

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