Inscripción de inmigrantes en Medi‑Cal está bajando; investigadores señalan las políticas de Trump

Puntos Clave

Contexto

Según se informa en el reporte de KFF Health News, los investigadores detectaron una caída sostenida en la inscripción de inmigrantes en Medi‑Cal (el programa Medicaid de California). Señalan que la ampliación en 2019 de la interpretación de "public charge" por parte de USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) —que consideraba el uso de ciertos beneficios públicos al evaluar solicitudes de residencia— presuntamente generó miedo entre familias inmigrantes elegibles, llevando a que muchas personas dejaran de inscribirse o renovaran sus beneficios. Aunque la administración Biden revirtió esa interpretación, los expertos advierten que el efecto disuasorio se ha mantenido.

Impacto en la comunidad hispanohablante

La caída en la cobertura afecta de manera desproporcionada a la comunidad hispanohablante, donde hay altas tasas de trabajadores con bajos ingresos y de hogares con miembros inmigrantes. La pérdida de cobertura puede traducirse en menor acceso a atención preventiva, retrasos en diagnóstico y cargas financieras por atención de emergencia. Para muchas familias la decisión de no inscribirse se tomó por miedo a consecuencias migratorias —presuntamente fuera de proporción con la ley actual— y por falta de información confiable sobre quiénes son elegibles y qué beneficios están protegidos.

Qué hacer y recomendaciones prácticas

Medi‑Cal no cobra tarifas de solicitud en la mayoría de los casos; las solicitudes se pueden presentar en línea (por ejemplo, a través del portal estatal de beneficios) o en la oficina de servicios sociales del condado local. Por lo general, las determinaciones se procesan dentro de 45 días para la mayoría de solicitudes (los plazos pueden variar por condado y por casos de discapacidad). Los solicitantes deben conservar evidencia de ingresos y residencia, y preguntar específicamente sobre programas estatales que ofrecen cobertura a inmigrantes sin estatus. Busque asistencia de organizaciones comunitarias confiables y de asesores acreditados para entender cómo la ley actual de "public charge" (USCIS public charge rule) se aplica —según se informa, no todos los usos de beneficios afectarán procesos migratorios— y para evitar decisiones que reduzcan el acceso a la salud de la familia.

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