EE. UU.: políticas migratorias socavan la seguridad pública, denuncia Human Rights Watch

Puntos Clave

Qué dice el informe

Según se informa, Human Rights Watch (HRW) sostiene que diversas políticas migratorias en Estados Unidos están socavando la seguridad pública al desalentar que inmigrantes —incluidos indocumentados— denuncien delitos o cooperen como testigos. La organización apunta a la “interconexión” entre la aplicación de la ley local y las agencias federales de inmigración, como ICE (Immigration and Customs Enforcement), a través de acuerdos 287(g) —que permiten a ciertos departamentos del alguacil desempeñar funciones migratorias— y sistemas de intercambio de huellas dactilares. HRW alega que este entramado presuntamente alimenta el miedo a detenciones o deportaciones tras un simple contacto con la policía, incluso cuando las personas buscan ayuda.

Impacto en la comunidad hispanohablante

Para muchas familias hispanas, el temor a ICE o a CBP (Customs and Border Protection) puede traducirse en silencio frente a la violencia doméstica, robos, fraudes laborales o extorsión. HRW pide reforzar vías de protección ya existentes: la U nonimmigrant status (visa U) para víctimas de ciertos delitos que colaboran con las autoridades y la T nonimmigrant status (visa T) para víctimas de trata. Estas protecciones pueden ofrecer autorización de trabajo y, eventualmente, residencia permanente, pero requieren pasos concretos: por ejemplo, la certificación policial (Formulario I-918, Suplemento B) en el caso de la visa U.

USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services, la agencia que procesa la mayoría de beneficios migratorios civiles) mantiene tiempos de procesamiento que, en categorías como la visa U, pueden extenderse por años; existen determinaciones “bona fide” que, según se informa, permiten permisos de trabajo temporales mientras el caso avanza. Desde el 1 de abril de 2024, USCIS incrementó múltiples tarifas; las personas pueden verificar costos y exenciones de pago en uscis.gov. Aunque no está en el centro del informe de HRW, cambios en procesos como H-1B (visa temporal para “ocupaciones especializadas”) ilustran la complejidad del sistema y la necesidad de asesoría legal. DHS mantiene una política de “protected areas” (áreas protegidas) que, presuntamente, limita operativos de inmigración en lugares como escuelas, hospitales y templos, salvo circunstancias excepcionales.

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