La gran persecución: el año en el que Trump concibió un Estados Unidos sin migrantes
Puntos Clave
- Según se informa, la administración Trump impulsó una serie de medidas y propuestas destinadas a reducir drásticamente la inmigración legal y humana, desde restricciones de asilo hasta cambios en visas de trabajo.
- Políticas como "Remain in Mexico" (Programa de Permanencia en México), el uso de Title 42 y esfuerzos para ampliar la expulsión acelerada impactaron especialmente a solicitantes de asilo y familias mixtas hispanohablantes.
- Cambios regulatorios y propuestas sobre tarifas (USCIS) y elegibilidad —presuntamente— buscaban desincentivar solicitudes y aumentar denegaciones; muchos recursos fueron objeto de litigio.
- Consejos prácticos: renovar permisos con tiempo, revisar tiempos de procesamiento en USCIS, responder a Requests for Evidence (RFE), y buscar representación legal acreditada para evitar errores que retrasen casos.
Contexto
El reportaje de EL PAÍS detalla cómo, según se informa, durante el mandato de Donald Trump se articuló una estrategia para reducir la inmigración en múltiples frentes: restricciones a asilo, acuerdos con terceros países, cambios regulatorios en agencias como DHS (Department of Homeland Security — Departamento de Seguridad Nacional), ICE (Immigration and Customs Enforcement) y USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services — Servicios de Ciudadanía e Inmigración). Presuntamente no se trató solo de medidas puntuales, sino de una visión integral para “desincentivar” la llegada y permanencia de migrantes, afectando tanto a solicitantes humanitarios como a trabajadores con visas H-1B (trabajo especializado) y familias que buscan la residencia permanente.
Impacto en la comunidad hispanohablante
Las medidas tuvieron consecuencias concretas para la comunidad hispanohablante: aumento del temor a trámites, prolongación de separación familiar y congestión en las cortes de inmigración (immigration courts). Programas como "Remain in Mexico" (MPP) y la aplicación de Title 42 para expulsiones sanitarias —ambos usados para limitar el acceso al proceso de asilo— obligaron a miles a esperar fuera de EE. UU., con riesgos humanitarios. Además, cambios en la interpretación de la regla de "public charge" y propuestas para endurecer requisitos de visas de empleo generaron incertidumbre entre trabajadores con H-1B y sus empleadores, según se informa. Muchos de estos cambios fueron impugnados judicialmente y algunos revertidos o modificados, pero el efecto sobre solicitudes y retrasos permaneció.
Qué pueden hacer los migrantes ahora
Para reducir riesgos prácticos: mantenga documentos actualizados y haga renovaciones tempranas (por ejemplo, para DACA — Deferred Action for Childhood Arrivals — se recomienda solicitar renovación con suficiente anticipación, típicamente hasta 120 días antes de la expiración); revise los tiempos de procesamiento en el sitio de USCIS (varían por formulario y oficina, desde meses hasta años según categoría); respóndase con rapidez a Requests for Evidence (RFE) y preserve pruebas de residencia y empleo. Si enfrenta un proceso de asilo, recuerde la regla del plazo de un año para presentar la solicitud salvo excepciones y busque representación acreditada por el Board of Immigration Appeals (representantes reconocidos). Revisar opciones de fee waivers (formulario I-912) y consultar a un abogado o a organizaciones comunitarias puede ayudar a evitar errores que ocasionen denegaciones o retrasos.
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