DHS propone reestructurar tarifas de EB-5 y codificar medidas de la “Integrity Act”
Puntos Clave
- DHS presuntamente publicó una propuesta para ajustar las tarifas del programa EB-5 y formalizar requisitos de la EB-5 Reform and Integrity Act of 2022 (“Integrity Act”).
- Los cambios afectarían formularios clave como el Form I-526/I-526E (solicitud del inversionista) y la serie I-956 (Centros Regionales y proyectos).
- Se busca financiar inspecciones, auditorías y controles de cumplimiento para prevenir fraude y proteger a los inversionistas.
- Inversionistas hispanohablantes podrían enfrentar mayores costos iniciales y nuevas exigencias documentales, especialmente sobre el origen lícito de fondos.
- La regla sería propuesta; aún no entra en vigor y, según se informa, abriría un periodo de comentarios públicos antes de una versión final.
¿Qué propone DHS?
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través de USCIS (Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU.), presuntamente emitió una regla propuesta para “revampear” las tarifas del programa EB-5 (Employment-Based Fifth Preference, vía de residencia permanente basada en inversión) y codificar medidas de integridad exigidas por la EB-5 Reform and Integrity Act of 2022. Según se informa, el enfoque es alinear las tarifas con los costos reales de supervisión: visitas de verificación, auditorías, controles de promotores, verificaciones de antecedentes y administración del “Integrity Fund” (fondo para financiar estas actividades). La propuesta también consolidaría obligaciones introducidas por la Integrity Act, como el registro de promotores de terceros, mayor transparencia en la administración de fondos y sanciones por incumplimiento en Centros Regionales.
Impacto para inversionistas y Centros Regionales
Para la comunidad hispanohablante, el cambio central sería económico y de cumplimiento. Inversionistas que presenten el Form I-526/I-526E (petición inicial del inversionista directo o a través de un Centro Regional) podrían ver incrementos de tarifas y solicitudes de evidencia más exhaustivas sobre el origen lícito de los fondos. Los Centros Regionales, que interactúan con formularios como el Form I-956 (designación), I-956F (presentación de proyectos), I-956G (declaración anual) e I-956K (registro de promotores), presuntamente asumirían nuevas tarifas y obligaciones que podrían trasladarse a los costos del proyecto. En tiempos de procesamiento, USCIS mantiene variaciones amplias: la adjudicación de I-526/I-526E y de I-829 (remoción de condiciones) suele superar un año, y puede alargarse con mayores controles; se recomienda consultar la herramienta de “Processing Times” de USCIS. Cabe recordar que, bajo la Integrity Act, existen “visa set-asides” (reservas de visas) para áreas rurales, de alto desempleo e infraestructura, lo que puede facilitar la presentación concurrente del Form I-485 (ajuste de estatus) si la categoría está disponible.
Qué hacer ahora
Aunque la medida es propuesta y no está vigente, conviene prepararse. Familias e inversionistas deben: 1) revisar su elegibilidad en las subcategorías con visas reservadas y el Visa Bulletin; 2) presupuestar posibles aumentos de tarifas y costos de cumplimiento; 3) organizar documentación robusta sobre el origen y la trazabilidad de fondos; 4) confirmar que su Centro Regional cumpla con el registro de promotores, administración fiduciaria de recursos y reportes anuales; y 5) monitorear el Registro Federal para participar en el periodo de comentarios. Asesorarse con un abogado de inmigración especializado en EB-5 es clave para ajustar estrategias de presentación (por ejemplo, uso de presentación concurrente del I-485 cuando proceda) y mitigar demoras.
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