Registros judiciales revelan desmantelamiento de la supervisión del DHS: “Increíblemente peligroso”

Puntos Clave

• Según registros judiciales revisados por The Guardian, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) redujo drásticamente sus equipos independientes de control interno.
• La oficina de derechos civiles (CRCL) habría investigado directamente solo 3% de casi 6,000 quejas entre marzo y diciembre de 2025; en años previos rondaba 20%.
• Plantilla del CRCL cayó de 147 empleados de tiempo completo a menos de 40 personas, en su mayoría contratistas externos.
• La Casa Blanca sostiene que los “watchdogs” cumplen “todas las funciones requeridas”, pese a que las muertes bajo custodia estarían en su nivel más alto en 20 años.
• La demanda en una corte federal de Washington DC acusa al DHS de exceder su autoridad al desmantelar esos equipos, violando la separación de poderes.

Qué revelan los documentos

Registros judiciales, según se informa, muestran que la administración Trump transformó profundamente tres equipos de supervisión del DHS, limitando su capacidad para investigar condiciones en detención, muertes bajo custodia y uso de la fuerza por parte de agentes. Entre finales de marzo y el 12 de diciembre de 2025, la Office for Civil Rights and Civil Liberties (CRCL, la oficina de derechos civiles del DHS) recibió casi 6,000 quejas –muchas de personas detenidas, familiares y grupos de defensa– e investigó un total de 554, pero solo 183 de forma “directa” (aprox. 3%), muy por debajo del 20% de años anteriores. Paralelamente, el personal del CRCL se redujo a menos de 40 personas (incluyendo 25-30 contratistas), tras la salida de 147 empleados permanentes al inicio del nuevo gobierno.

Reacciones y antecedentes legales

La Casa Blanca afirma que los “watchdogs” del DHS “realizan todas las funciones requeridas”, pese a críticas públicas por presuntos asesinatos cometidos por agentes de inmigración, tácticas de arresto más agresivas y planes para ampliar la detención de inmigrantes. La acción legal fue presentada por Robert F. Kennedy Human Rights, Southern Border Communities Coalition y Urban Justice Center contra el DHS y la entonces secretaria, Kristi Noem, después de que el Departamento, presuntamente, desmantelara los equipos independientes en marzo pasado y luego reinstalara un grupo mínimo tras la demanda de abril. Los demandantes alegan que el DHS excedió su autoridad al “eliminar” estas oficinas, en violación de la separación de poderes y de forma “arbitraria y caprichosa”. En paralelo, el número de muertes bajo custodia estaría en su punto más alto en dos décadas, según se informa.

Impacto para la comunidad hispanohablante

Para las personas latinas migrantes, una CRCL y una Office of the Immigration Detention Ombudsman (OIDO, Defensoría de la Detención) debilitadas implican menos capacidad para investigar abusos en centros de detención, traslados intempestivos, atención médica inadecuada o uso excesivo de la fuerza por parte de ICE (Immigration and Customs Enforcement, la agencia de detención y deportación). Un sistema de control interno reducido puede traducirse en demoras o cierres de investigaciones de quejas sensibles, menos recomendaciones correctivas y menor transparencia. Aunque USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services, la agencia que procesa beneficios migratorios como asilos, residencias y naturalizaciones) no realiza detenciones, sí forma parte del DHS; un entorno de supervisión debilitado puede afectar cómo se tramitan y escalan quejas sobre entrevistas, trato al público o errores administrativos.

Información práctica: quejas, tiempos y tarifas

• Quejas de derechos civiles: puede presentar una ante CRCL (en inglés, “civil rights complaint”) si sufrió discriminación, represalias o abuso por parte de personal del DHS/ICE/CBP. Si no recibe respuesta, también puede acudir a la Office of Inspector General (OIG, Inspectoría General). Guarde copias, números de caso y evidencia médica/fotográfica.
• Personas en detención: pida a familiares/abogados que documenten condiciones, solicitudes médicas y traslados; anoten fechas y nombres de oficiales. La OIDO admite quejas sobre condiciones y acceso a servicios.
• Trámites con USCIS: los tiempos de procesamiento varían por formulario y oficina; verifique el estimador oficial en línea. De forma orientativa, muchas solicitudes de EAD (I-765) tardan varios meses, y procesos como I-130/I-485 pueden extenderse de 10 a 24 meses, según el caso. Premium Processing para I-129/I-140 ofrece revisión acelerada (tarifa adicional).
• Tarifas USCIS: rige el aumento de tarifas adoptado en 2024. La tarifa de registro H-1B (visa de trabajo especializada) subió a $215; el “Asylum Program Fee” de $600 se aplica a ciertos formularios de empleo (con reducciones o exenciones para pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro). Revise siempre la tabla de tarifas vigente antes de enviar su solicitud.
• Buenas prácticas: actualice su dirección con el Formulario AR-11; cree cuenta en línea de USCIS para recibir notificaciones; conserve recibos (Form I-797); y consulte asesoría legal acreditada antes de firmar documentos o aceptar traslados si está detenido.

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