EEUU busca deportar a Kilmar Ábrego García a Liberia pese a nuevo acuerdo con Costa Rica
Puntos Clave
- El Departamento de Justicia (DoJ) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mantienen la intención de deportar a Kilmar Ábrego García a Liberia, pese a un acuerdo reciente con Costa Rica para recibir a deportados que no puedan ser devueltos a su país de origen.
- La jueza federal Paula Xinis ha impedido temporalmente que ICE (Immigration and Customs Enforcement) lo detenga o deporta; el caso incluye un proceso penal por presunto contrabando humano en Tennessee.
- Ábrego García fue deportado por error a El Salvador el año pasado pese a una decisión migratoria de 2019 que le reconoció riesgo allí; su caso subraya la práctica de remociones a “países terceros” (third-country removals).
- Impacto práctico: las apelaciones y solicitudes de protección ante EOIR (Executive Office for Immigration Review) y USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) pueden tardar meses o años; quienes enfrentan remoción deben buscar asesoría legal inmediata.
Qué ocurrió
Kilmar Ábrego García, nacido en El Salvador y residente en Maryland con esposa e hijo estadounidenses, fue deportado por error a El Salvador el año pasado pese a que en 2019 un juez de inmigración determinó que no podía ser devuelto allí por riesgo de violencia de pandillas. Tras su regreso a EE. UU. en junio —llegada vinculada a una orden de detención e indicios de un proceso penal por presunto contrabando humano en Tennessee— el DoJ declaró ante la jueza Paula Xinis que el DHS/ICE sigue intentando reubicarlo en Liberia. Según un memo del jefe interino de ICE, Todd Lyons, enviar a Ábrego García a Costa Rica sería “prejudicial” porque, según se informa, el gobierno ya invirtió recursos y capital político en negociaciones con Liberia. La magistrada Xinis ha señalado que ICE no ha demostrado un plan viable y prohibió temporalmente su detención o deportación; fijó además una nueva audiencia y calendario de presentaciones.
Implicaciones para la comunidad hispanohablante
El caso expone la práctica de remoción a terceros países (third-country removals), donde personas que no pueden ser devueltas a su país de origen son enviadas a un país distinto con el que EE. UU. ha negociado admisiones. Para muchos inmigrantes hispanohablantes, esto significa mayor incertidumbre y el riesgo de ser desplazados a jurisdicciones con lenguas y redes sociales diferentes. Legalmente conviene distinguir “removal” o “deportation” (remoción/deportación) de procesos penales que pueden agravar la situación migratoria. Las decisiones ante el EOIR y recursos ante cortes federales suelen tardar meses o años; además, cambios en tarifas y formularios de USCIS pueden afectar cuándo y cómo presentar solicitudes de alivio (asilo, withholding of removal, cancelación de remoción), por lo que es clave confirmar tiempos de procesamiento y tarifas actuales en USCIS.gov.
Consejos prácticos
Quienes enfrenten procesos de remoción o conozcan a alguien en situación similar deben: buscar abogacía especializada en inmigración (por ejemplo, abogados miembros de AILA o clínicas legales locales), conservar documentos que prueben vínculos familiares y condiciones de riesgo en el país de origen, y coordinar defensa penal e inmigratoria si hay cargos criminales pendientes. Verifique plazos y tiempos de procesamiento en USCIS y EOIR; consulte organizaciones sin fines de lucro que ofrecen representación y recursos en español. Ante afirmaciones no verificadas sobre negociaciones internacionales o planes de deportación, considere la fraseología legal apropiada (por ejemplo, “según se informa” o “presuntamente”) al comunicar la situación a consulados o a representantes legales.
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