Niño de dos años detenido por ICE está enfermo y no recibe atención adecuada, advierte demócrata
Puntos Clave
- El congresista Joaquin Castro pide la inmediata liberación de Kaleth, un niño de dos años, y su madre del centro de detención familiar en Dilley, Texas.
- Según se informa, el niño tiene fiebre, no come y los detenidos han denunciado comida con moho y gusanos; personal habría desestimado las preocupaciones como “mental”.
- La instalación —South Texas Family Residential Center— es operada por CoreCivic para ICE (Immigration and Customs Enforcement) y ha sido objeto de críticas previas por condiciones y brotes de enfermedades.
- Opciones prácticas para familias: solicitar audiencia de fianza (bond hearing) ante un juez de inmigración, pedir libertad humanitaria (humanitarian parole) o promover que ICE realice una reevaluación de custodia; los plazos varían ampliamente.
- Denuncias pueden presentarse ante la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS (CRCL) y organizaciones legales pueden ayudar con peticiones médicas y trámites.
Qué ocurrió
El congresista Joaquin Castro (D–San Antonio) informó que un niño de dos años llamado Kaleth, detenido junto con su madre en el South Texas Family Residential Center en Dilley, Texas, está enfermo y presuntamente no recibe atención médica adecuada. Castro afirmó en redes sociales que el menor presenta fiebre y rehúsa la comida de la instalación, y que otros detenidos han denunciado la presencia de moho y gusanos en los alimentos, según se informa. Castro exige que ICE proporcione atención médica apropiada y que se libere al niño y a su madre de forma inmediata.
Condiciones y respuesta de las autoridades
La instalación, administrada por la empresa privada CoreCivic para ICE, ya ha sido señalada anteriormente por fallas en atención y contagios —en febrero se informaron dos casos de sarampión— y por relatos de detenidos sobre falta de agua potable limpia, privación del sueño y demoras en atención médica. CoreCivic ha declarado que las acusaciones sobre acceso al agua y atención médica son falsas y que la salud y seguridad de los detenidos son su prioridad. Muchas de estas afirmaciones sobre condiciones internas son presuntamente verídicas hasta que sean investigadas; por ello las familias y defensores han pedido investigaciones independientes y el cierre del centro.
Qué pueden hacer las familias y tiempos de trámite
Las familias detenidas tienen varias vías legales para buscar alivio: solicitar una audiencia de fianza (bond hearing) ante un juez de inmigración (immigration judge) para conseguir libertad mientras tramitan su caso, o pedir humanitarian parole (parole humanitario) a ICE para liberación por razones humanitarias o de emergencia médica. También pueden solicitar una reevaluación de custodia por parte de ICE. Para cuestiones de salud, deben presentar solicitudes médicas formales al personal del centro y, si no obtienen respuesta, presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS (CRCL) y ante la propia oficina de ICE. Los plazos son inciertos: una entrevista de “credible fear” (entrevista de temor creíble) suele ocurrir en días si aplica, pero las audiencias en la corte de inmigración (immigration court) y los procesos de fianza pueden tardar semanas, meses o incluso años debido al rezago (backlog). Las tarifas de inmigración (USCIS fees) y las reglas de elegibilidad han cambiado en años recientes; muchas solicitudes relacionadas con detención o solicitudes de parole no requieren tarifa, pero es crucial verificar la información actualizada en USCIS y consultar asesoría legal.
Contexto y repercusiones
El caso alimenta un debate más amplio sobre la detención familiar y la privatización de centros de detención; Castro ha caracterizado la política como inhumana y ha pedido el cierre inmediato del llamado “trailer prison” en Dilley. Para la comunidad inmigrante hispanohablante esto subraya la importancia de conocer recursos legales locales (ONGs como RAICES, ACLU y clínicas legales que ofrecen representación), documentar condiciones médicas y comunicarse con representantes electos locales para presionar por inspecciones y liberaciones en casos de riesgo sanitario. Ante situaciones urgentes, busque asistencia legal especializada y presente quejas formales mientras persisten las investigaciones oficiales.
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