¿Los “peores de los peores”? La mayoría de inmigrantes puestos en deportación en 2025 no tenía condenas penales, según documentos

Puntos Clave

• 77% de las personas que ingresaron por primera vez a “removal proceedings” (procesos de deportación) en 2025 no tenía condena penal, según un análisis de The Guardian de registros gubernamentales.
• El dato contrasta con la narrativa oficial de priorizar a “criminales peligrosos” durante la administración Trump, según se informa.
• Los casos típicamente inician con una “NTA” (Notice to Appear, aviso de comparecencia) y pasan a cortes de inmigración de EOIR; las audiencias pueden tardar meses o años por retrasos.
• Información práctica: verificación de caso ante EOIR, plazos de asilo, cambios de tarifas de USCIS y precauciones al solicitar alivios migratorios.

Hallazgos principales

La gran mayoría de inmigrantes puestos por primera vez en “removal proceedings” en 2025 carecía de condena penal: 77%, de acuerdo con un análisis de The Guardian de registros gubernamentales. Estas cifras, según se informa, ponen en entredicho la promesa de concentrar los esfuerzos en “los peores de los peores” bajo la administración Trump. Los documentos revisados por el medio sugieren que la práctica en el terreno alcanzó—y presuntamente superó en volumen—perfiles sin historial criminal, incluidos solicitantes de asilo y personas con infracciones exclusivamente civiles de inmigración.

Contexto legal y operativo

La deportación en Estados Unidos es un proceso civil, no penal, tramitado ante la EOIR (Executive Office for Immigration Review, tribunales de inmigración). Normalmente inicia cuando ICE o CBP emite una NTA (Notice to Appear, aviso de comparecencia) por presunta violación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La ausencia de “criminal conviction” (condena penal) no impide que una persona sea colocada en procesos de deportación, pues la mera inadmisibilidad o deportabilidad por motivos migratorios es suficiente en el ámbito civil. Los tiempos de corte varían ampliamente y, debido al atraso acumulado, muchas audiencias se programan con meses o incluso años de diferencia, afectando a familias, solicitantes de asilo y también a personas que perdieron estatus tras el vencimiento de visas como H-1B (trabajadores especializados), F-1 (estudiantes) o B-2 (turismo), entre otras.

Impacto en la comunidad hispana

Para la comunidad hispanohablante, el hallazgo implica un riesgo ampliado: incluso sin antecedentes penales, un encuentro con autoridades migratorias o una transferencia desde custodia local puede derivar en una NTA y en comparecencias ante la corte. Esto incrementa los costos emocionales y económicos—traducciones, huellas, honorarios legales—y prolonga la incertidumbre por los tiempos de EOIR y de USCIS (agencia que procesa beneficios migratorios como ajuste de estatus o permisos de trabajo). Además, la “prosecutorial discretion” (discreción fiscal) puede ser más limitada según lineamientos vigentes, lo que reduce la probabilidad de cierres administrativos o desestimaciones, presuntamente priorizando la continuación de casos aun sin condenas penales.

Qué hacer si recibe una NTA

Quienes reciban una NTA deben verificar la fecha y lugar de audiencia mediante la línea automatizada de EOIR (1-800-898-7180) o el portal “Automated Case Information”, y actualizar su dirección con EOIR (formulario EOIR-33) y con USCIS (AR-11). Si busca asilo, recuerde el plazo general de un año desde la última entrada para presentar el formulario I-589 (sin tarifa), ya sea ante USCIS o, si su caso está en corte, ante EOIR; el permiso de trabajo asociado al asilo puede solicitarse tras los plazos del “asylum clock” (150/180 días). Otras vías de alivio incluyen Cancellation of Removal (EOIR-42A/42B, cancelación de deportación), Adjustment of Status (I-485, ajuste de estatus), VAWA, visas U y T, entre otras; cada una tiene criterios estrictos. En cuanto a costos, USCIS ajustó múltiples tarifas desde 2024; consulte la herramienta “Check Case Processing Times” para tiempos de trámite y la tabla oficial de tarifas, y evalúe si califica para exención con el formulario I-912. Busque representación de un abogado de inmigración o un representante acreditado por el DOJ; evite “notarios” no autorizados.

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