Récord de muertes en custodia migratoria de EE. UU. revela fallas sistémicas
Puntos Clave
- 42 muertes conocidas en custodia de Immigration and Customs Enforcement (ICE) desde el regreso de la administración Trump; casi 70,000 personas detenidas, un máximo histórico.
- Familiares y defensores denuncian atención médica deficiente, investigaciones opacas y una burocracia que dificulta respuestas.
- Se reportan seis suicidios en custodia en 13 meses; Camp East Montana (Fort Bliss, Texas) es un foco de denuncias por condiciones, según se informa.
- Para obtener información, las familias pueden acudir al consulado, presentar solicitudes FOIA (Freedom of Information Act) y quejarse ante el Office of Inspector General (OIG) del DHS; los plazos pueden ser meses o años.
Contexto y cifras
La cifra de muertes en custodia (custody) de Immigration and Customs Enforcement (ICE) alcanzó, según registros públicos y reportes, 42 casos durante la actual administración, incluyendo muertes recientes como la del solicitante de asilo afgano Mohommad Nazeer Paktyawal y del joven mexicano Royer Perez‑Jimenez, cuyo deceso ICE calificó presuntamente como “suicidio”. Las muertes se produjeron en instalaciones dispersas por todo el país —donde cerca de 70,000 personas están detenidas— y, según se informa, entre ellas ocurrieron seis suicidios en los últimos 13 meses, el número más alto en ese periodo de ocho años.
Fallas sistémicas y responsabilidad institucional
Familias, abogados y legisladores señalan una concatenación de fallas: atención médica presuntamente inadecuada, respuestas a emergencias descritas como erráticas y una red de agencias (locales y federales), cárceles privadas y contratistas que dificulta la rendición de cuentas. ICE (Immigration and Customs Enforcement) depende del Department of Homeland Security (DHS) para supervisión; un portavoz no identificado del DHS afirmó que “no ha habido un aumento” y citó una tasa de muertes del 0.009%, pero críticos y organizaciones como ACLU han alegado condiciones y abusos en sitios como Camp East Montana, según se informa.
Qué pueden hacer las familias y la comunidad hispanohablante
Para familias hispanohablantes afectadas, pasos prácticos incluyen: contactar inmediatamente al consulado de su país para notificación y asistencia; solicitar información a ICE y DHS, y presentar peticiones bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA, Freedom of Information Act) para obtener reportes, registros de 911 y autopsias —pero tenga en cuenta que las respuestas FOIA y las investigaciones del Office of Inspector General (OIG) del DHS pueden tardar meses o incluso años—. También conviene pedir copias del dictamen del médico forense local (medical examiner) y buscar asesoría legal especializada (organizaciones como ACLU, RAICES y redes pro bono pueden asistir). Documentar fechas, nombres y llamadas, y contactar a congresistas locales puede acelerar la presión política para transparencia y cambios.
Reclamaciones de cambio y demandas urgentes
Defensores y algunos legisladores exigen cierres de instalaciones problemáticas, investigaciones independientes y transparencia inmediata en inspecciones y autopsias; presuntamente, la expansión acelerada de plazas de detención —incluida la conversión de almacenes en varias jurisdicciones— podría agravar los riesgos. Las familias deben considerar reclamar responsabilidad por negligencia a través de abogados especializados en derechos civiles y de inmigración, y las comunidades hispanohablantes deben mantenerse informadas sobre recursos consulares y legales locales para proteger a personas detenidas.
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