Legisladores de Texas critican a ICE por detener a dos jóvenes mariachis

Puntos Clave

• Dos hermanos de 18 y 14 años, integrantes de un mariachi escolar reconocido por el Congreso, fueron detenidos junto a su familia por ICE.
• La congresista republicana Monica De La Cruz y el demócrata Joaquin Castro criticaron la detención y presionan por opciones legales.
• Según Castro, la familia solicitó y obtuvo asilo y cumplió con todas sus citas; DHS afirma que los padres “estaban en el país ilegalmente”.
• El joven de 18 años está en un centro para adultos; su madre, padre y dos hermanos menores están en el centro de detención familiar de Dilley, Texas, según se informa.
• El caso reaviva el debate sobre prioridades de ejecución de ICE y las vías de liberación como “parole” o fianza.

Detenciones que desatan críticas bipartidistas

La detención de Antonio Yesayahu Gámez-Cuéllar (18) y su hermano menor, Caleb (14), integrantes de la agrupación escolar Mariachi Ono honrada el año pasado en el Capitolio, generó condenas inusualmente bipartidistas en Texas. La congresista Monica De La Cruz, quien los llevó al pleno de la Cámara de Representantes para celebrar su logro, aseguró que monitorea el caso y gestiona “todas las opciones legales” ante DHS (Department of Homeland Security) y ICE (US Immigration and Customs Enforcement). El representante Joaquin Castro afirmó que la familia “hizo todo lo correcto”: solicitó y, según él, recibió asilo, asistió a cada cita y aun así fue detenida. Los padres, Luis Antonio Martínez y Emma Guadalupe Cuéllar, y el hijo menor, Joshua (12), fueron ubicados en el centro de detención familiar de Dilley, mientras Antonio, ya mayor de edad, fue separado en una instalación para adultos, de acuerdo con los legisladores. Activistas presuntamente protestaron frente a un centro en Raymondville, reflejando la indignación comunitaria.

Estatus migratorio y proceso legal

Según el New York Times, la familia ingresó por Brownsville en 2023 y buscó protección por asilo (protección para quienes temen persecución). Relataron que, tras una cita en enero con indicación de volver en junio, ICE los llamó para presentarse el 25 de febrero y allí fueron detenidos. Un portavoz de DHS señaló que los padres fueron detenidos ese día por “estar ilegalmente en el país”, versión que contrasta con lo dicho por Castro; estos extremos no han sido verificados de forma independiente. En el sistema migratorio, USCIS (United States Citizenship and Immigration Services) decide el asilo “afirmativo”, mientras que los casos en “procedimientos de deportación” ante la corte de inmigración (EOIR) se tramitan como asilo “defensivo”. Las familias en detención pueden solicitar “parole” (libertad condicional por razones humanitarias o de interés público) o “redeterminación de custodia” con posible fianza ante un juez de inmigración. El “Notice to Appear (NTA)” —la notificación de comparecencia— rige el proceso. En la práctica, los tiempos ante EOIR suelen extenderse por años debido al rezago; el asilo afirmativo con USCIS varía ampliamente por jurisdicción. No hay tarifa para presentar el formulario I-589 (asilo) ante USCIS ni para pedir asilo defensivo ante EOIR; otros trámites de USCIS sí tuvieron aumentos de tarifas en 2024, pero no afectan la solicitud de asilo.

Impacto y qué deben saber las familias

Para familias hispanohablantes en situaciones similares, es clave: asistir a todas las citas de ICE y de corte; mantener copias del NTA, identificaciones y pruebas del temor a persecución; y buscar representación legal acreditada (evitar “notarios” no autorizados). Si hay detención, se puede pedir evaluación de “parole” a ICE o audiencia de fianza ante un juez cuando sea elegible; los montos de fianza varían caso por caso. Las oficinas congresionales, como en este caso, a veces pueden apoyar con consultas de caso (“casework”). Para ubicar a una persona detenida, el ICE Detainee Locator es una herramienta útil. Aunque las prioridades oficiales indican enfocar recursos en personas con antecedentes penales graves o riesgos para la seguridad, casos como el de los Gámez-Cuéllar —según se informa— reavivan el debate sobre la aplicación discrecional de la ley y la necesidad de criterios claros y consistentes.

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