ICE deporta a familia a Colombia; niño sordo presuntamente no recibió sus dispositivos de asistencia
Puntos Clave
- Según se informa, ICE (Immigration and Customs Enforcement) detuvo y deportó a una madre y sus dos hijos —un niño de seis años con discapacidad auditiva y su hermano de cinco— tras un reporte en una oficina de ICE en San Francisco.
- Presuntamente al niño sordo no se le entregaron sus dispositivos de ayuda auditiva durante la detención y la deportación.
- Autoridades educativas de California piden el retorno del menor; la situación plantea posibles violaciones de las obligaciones de acomodación bajo la ADA (Americans with Disabilities Act) y las políticas de ICE.
- Para familias afectadas: buscar representación legal inmediata, recopilar documentación médica, presentar quejas ante DHS y ICE, y conocer plazos legales como motions to reopen (motions to reopen — mociones para reabrir) que suelen tener límites estrictos.
- Recuperar la posibilidad de regresar a EE. UU. puede implicar trámites ante USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) con tarifas y tiempos de procesamiento que varían de semanas a años, según la vía (visas familiares, parole humanitario, etc.).
Qué ocurrió
Según se informa en The Guardian, la superintendente estatal de educación de California pidió el retorno de un niño de seis años con pérdida auditiva después de que él, su madre y su hermano de cinco años fueron detenidos mientras cumplían un check-in (reporte periódico) en una oficina de ICE en San Francisco y deportados a Colombia. Se afirma que al menor no se le entregaron sus dispositivos de asistencia auditiva durante la detención y el traslado, un hecho que presuntamente agravó su condición y generó protestas públicas.
Implicaciones legales y para la comunidad inmigrante
La deportación (removal) de personas con discapacidades plantea preguntas sobre el cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y las políticas internas de ICE respecto a acomodaciones razonables, como intérpretes, dispositivos de asistencia o tratamientos médicos continuos. Si se confirma que no se proporcionaron las acomodaciones necesarias, podría haber base para quejas formales ante el DHS Office for Civil Rights and Civil Liberties (CRCL) y la oficina de quejas de ICE. Para la comunidad hispanohablante esto tiene un efecto disuasorio: muchas familias temen asistir a check‑ins por riesgo de detención, lo que dificulta el acceso a procesos migratorios y a servicios escolares o médicos para menores.
Qué pueden hacer las familias afectadas
Prácticamente, las familias deben: 1) buscar representación legal especializada en inmigración de inmediato; 2) documentar la condición médica del menor (informes médicos, recetas, historial de audífonos) y conservar cualquier prueba del incidente; 3) presentar quejas ante ICE y el DHS CRCL y pedir revisión; 4) explorar vías de retorno o alivio (por ejemplo, petitions through USCIS — peticiones ante USCIS, humanitarian parole — parole humanitario, o motions to reopen ante la corte de inmigración si existe una orden final). Tenga en cuenta que los plazos legales son breves: las motions to reopen generalmente deben presentarse en plazos específicos (frecuentemente 90 días desde la orden final, con excepciones), y las solicitudes de visas o parole pueden tardar desde semanas hasta años dependiendo de la categoría y tarifas vigentes.
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