Los despidos de Meta podrían golpear con fuerza a inmigrantes con visas de trabajo
Qué pasó
Meta recortó su plantilla y, según se informa, entre los afectados hay numerosos profesionales en estatus H‑1B (visa de trabajador especializado) y otras categorías de empleo temporal. Para estos inmigrantes, un despido no es solo la pérdida del trabajo: desencadena un reloj migratorio. La regulación de USCIS (la agencia federal que administra beneficios migratorios) concede una “grace period” de hasta 60 días o hasta el vencimiento del I‑94, lo que ocurra primero. Si en ese lapso no se presenta una nueva petición válida o no se cambia de estatus, la persona queda fuera de estatus y podría tener que salir de Estados Unidos presuntamente de manera acelerada.
Por qué afecta tanto a titulares de H‑1B y sus familias
La H‑1B permite “portabilidad” bajo AC21: si un nuevo empleador presenta el Formulario I‑129 antes de que acabe la gracia de 60 días, el trabajador puede empezar a laborar al recibir el acuse de recibo. Pero los despidos interrumpen procesos de “green card” basados en empleo: si el empleador retira o cancela la PERM (certificación laboral) o la I‑140 (petición de inmigrante), se frena el camino al ajuste de estatus (I‑485). Aunque la fecha de prioridad suele conservarse si la I‑140 fue aprobada y no hubo fraude, será necesario que otro empleador reinicie pasos como la PERM. Las familias en H‑4 (cónyuges e hijos) también quedan expuestas: su estatus depende del principal en H‑1B y, si tienen EAD (permiso de trabajo), este puede perder vigencia si el titular H‑1B no mantiene estatus.
Opciones inmediatas y tiempos/ tarifas útiles
Para ganar tiempo, la vía más directa es un “cambio de empleador” H‑1B: el nuevo patrón presenta I‑129 con LCA (Labor Condition Application) certificada por el DOL; con Premium Processing, USCIS responde en 15 días calendario. La tarifa de Premium Processing fue ajustada a aproximadamente $2,805; la tarifa base de I‑129 para H‑1B es de $780 desde el 1 de abril de 2024, más cargos legales obligatorios como el ACWIA ($750 para empleadores con ≤25 empleados; $1,500 para >25), la tarifa antifraude ($500) y el “Asylum Program Fee” ($600; $300 para pequeños empleadores; exención para organizaciones sin fines de lucro). El registro H‑1B para el “cap” anual también aumentó a $215 para las temporadas a partir de 2025. Si no hay oferta inmediata, algunos optan por presentar I‑539 para cambiar a B‑1/B‑2 (visitante) y permanecer legalmente mientras buscan empleo; esos trámites suelen demorar varios meses y no otorgan permiso para trabajar. Otra alternativa es F‑1 (estudiante) o, para perfiles con logros excepcionales, O‑1 (habilidad extraordinaria). Viajar al exterior durante un cambio de estatus pendiente puede considerarse abandono del trámite; se recomienda asesoría legal antes de salir del país.
Puntos clave de solicitud para la comunidad hispanohablante
Actúe dentro de los 60 días: un I‑129 presentado a tiempo preserva la elegibilidad; no espere a la última semana por posibles demoras en la LCA (usualmente ~7 días, pero puede variar). Verifique su I‑94: si vence antes, ese es el límite real. Conserve talones de pago y carta de término para documentar la fecha de despido; pagos de liquidación o vacaciones no equivalen a empleo activo para fines H‑1B. Si su I‑140 ya fue aprobada, explore extensiones H‑1B más allá de 6 años bajo AC21 y la posibilidad de portar la fecha de prioridad con un nuevo empleador. Dependientes H‑4 deben presentar extensiones/ cambios de estatus coordinados; si hay EAD H‑4, vigile los plazos, pues los retrasos son comunes. Organizaciones comunitarias y clínicas legales con atención en español pueden orientar sin costo o a bajo costo; dada la complejidad y la rapidez de estos plazos, se recomienda consultar a un abogado de inmigración con experiencia en empleo lo antes posible.