Millones de personas con raíces italianas pierden su derecho a la ciudadanía
Puntos Clave
- La Corte Constitucional de Italia (Corte Costituzionale / Constitutional Court) anunció que respaldará la ley de 2025, que restringe la ciudadanía por linaje.
- La nueva norma exige al menos un padre o un abuelo italiano, dominio del idioma (por examen o certificación) y tres años de residencia en Italia para acceder a la ciudadanía por descendencia (citizenship by descent / jure sanguinis).
- Antes, bastaba con un antepasado nacido después del 17 de marzo de 1861; el trámite solía durar alrededor de dos años y requería legalizaciones y traducciones.
- El cambio afecta a millones registrados en el exterior —según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la ciudadanía en el extranjero creció de 4.6 a 6.4 millones entre 2014 y 2024—, con impacto notable en comunidades de Argentina y Brasil.
- Los solicitantes deben revisar requisitos consulares, preparar documentos apostillados y traducciones certificadas, y considerar asesoría legal; las apelaciones quedan ahora más limitadas tras la decisión judicial.
Qué cambió
La Corte Costituzionale (Constitutional Court) informó que declarará infundadas o inadmisibles los recursos contra el decreto de emergencia aprobado a finales de marzo de 2025, respaldando así las restricciones introducidas por el gobierno. La práctica conocida como ciudadanía por descendencia (citizenship by descent / jure sanguinis), que permitía a personas con un bisabuelo o tatarabuelo italiano reclamar la ciudadanía, queda acotada: ahora se exige tener al menos un padre o un abuelo nacido en Italia, acreditar dominio del idioma italiano mediante un examen estatal o certificación equivalente y acreditar tres años de residencia en Italia. El gobierno sostiene que la reforma busca frenar “abusos” de quienes, según se informa, buscaban la ciudadanía por ventajas prácticas más que por vínculos reales con el país.
Impacto para la comunidad hispanohablante
La medida afecta de forma desproporcionada a descendientes de italianos en países de América Latina, especialmente Argentina y Brasil, donde hay registros masivos de ciudadanía italiana en el exterior. Muchas solicitudes históricas se gestionaban a través de consulados y requerían principalmente la legalización (apostilla) y traducción de partidas de nacimiento, matrimonio y, en su caso, actas de naturalización de los antepasados. Ahora, quienes no cumplen el nuevo umbral generacional o no pueden demostrar residencia y certificación lingüística perderán la vía administrativa que antes consideraban viable. Además, la obligación de demostrar dominio del idioma y residencia podría aumentar tiempos y costos de trámite, y presuntamente dejar fuera a solicitantes sin recursos para trasladarse o certificar competencia idiomática.
Qué deben hacer los solicitantes ahora
Si está interesado en tramitar la ciudadanía italiana, verifique primero la nueva elegibilidad: confirme si tiene un padre o abuelo italiano y, si planea residir en Italia, calcule el requisito de tres años. Reúna con anticipación partidas de nacimiento, matrimonio, defunción y, cuando proceda, actas de naturalización del antepasado; todos los documentos deben llevar apostilla y traducción jurada al italiano. Prepárese para obtener una certificación de idioma —la ley permite un examen estatal o equivalente— y revise los tiempos de cita en el consulado italiano correspondiente, ya que los plazos podrían alargarse por cambios administrativos. Consulte las páginas oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores (Ministry of Foreign Affairs) y del consulado local para tasas vigentes y procedimientos; si su caso es complejo, considere asesoría de un abogado especializado en ciudadanía italiana. Tenga en cuenta que, tras la decisión de la Corte, las opciones de impugnar la ley son más limitadas, por lo que actuar con rapidez y documentación completa será clave.
Fuente: Artículo Original