ICE paga millones por almacenes destinados a detención migratoria y grandes bancos se benefician
Puntos Clave
- Una investigación, citada por More Perfect Union y Project Salt Box, señala que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, Department of Homeland Security) pagó precios muy superiores al valor de mercado por varios almacenes que serán convertidos en centros de detención de ICE (Immigration and Customs Enforcement).
- Casos documentados incluyen compras en Social Circle (GA), Surprise (AZ), Socorro (TX) y propiedades vinculadas a fondos o bancos como Blue Owl Capital, Goldman Sachs y Deutsche Bank; los pagos presuntamente habrían permitido salidas financieras para inversionistas.
- Legisladores demócratas iniciaron una investigación federal por posibles “acuerdos apresurados y secretos” tras detectar sobreprecios y coincidencias financieras.
- Para la comunidad inmigrante hispanohablante, la expansión de capacidad de detención puede implicar mayor tiempo en custodia, dificultades para preparar solicitudes de asilo y más obstáculos para acceso a representación legal; se recomiendan pasos prácticos para quienes puedan verse afectados.
Compras y presuntos sobreprecios
Según se informa, el DHS negoció la compra de decenas de almacenes como parte de un plan mayor para alojar hasta 92,000 personas y una cartera de adquisiciones valorada en hasta $38,000 millones. Project Salt Box documentó operaciones en las que el gobierno pagó mucho más que tasaciones previas: por ejemplo, un inmueble en Social Circle, Georgia, que había sido valorado en torno a $29 millones se compró por casi $129 millones; en Surprise, Arizona, una propiedad tasada en $12 millones se adquirió por $70 millones; y en Socorro, Texas, una estimación de $11 millones terminó en una venta por $123 millones. Estas transacciones, según se informa, coincidieron con el pago de préstamos y la liberación de gravámenes, lo que sugiere que algunos inversores pudieron recuperar capital —o registrar ganancias— con fondos públicos.
Quiénes se benefician y la respuesta política
Fondos e instituciones financieras como Blue Owl Capital, Goldman Sachs y Deutsche Bank figuran en los registros de ventas y refinanciamientos; en Pensilvania, un almacén vinculado a Blue Owl se vendió al DHS por $119 millones, casi el doble de su valor estimado. Los vínculos entre ventas y financiamiento bancario hacen que las operaciones sean objeto de escrutinio, y 54 legisladores demócratas solicitaron documentación y una investigación formal por presuntas irregularidades y contratos “apresurados y secretos”. Las firmas implicadas han respondido con declaraciones que, según se informa, distancian a las entidades financieras de las decisiones operativas de ICE.
Impacto para la comunidad inmigrante y pasos prácticos
La ampliación de capacidad de detención de ICE (custodia migratoria administrada por Immigration and Customs Enforcement) puede traducirse en mayores tiempos de detención y retrasos en la tramitación de casos migratorios ante los tribunales de inmigración (EOIR, Executive Office for Immigration Review) y ante USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services). Aunque no se reportan cambios oficiales en tarifas de visa ni en los tiempos de procesamiento de USCIS como resultado directo de estas compras, la realidad es que una mayor detención puede dificultar el acceso a representación legal (no existe derecho a abogado pagado en procesos migratorios federales) y limitar la preparación de solicitudes de asilo o defensas en procedimientos de deportación (removal proceedings).
Consejos prácticos: si un familiar está detenido, ubíquenlo en el ICE Online Detainee Locator System (sistema en línea de búsqueda de detenidos de ICE), recopilen documentos de identidad y pruebas de residencia o arraigo, contacten a una organización legal local o pro bono especializada en inmigración y pidan una revisión de fianza (bond redetermination) ante un juez de inmigración. Mantener números de caso (A-number), registros médicos y pruebas de persecución o miedo creíble fortalecerá solicitudes de asilo o defensas en procedimientos de deportación. Ante alegaciones de sobreprecio y uso de fondos públicos, la comunidad puede seguir las indagaciones legislativas y locales que podrían derivar en cambios en contratos y supervisión fiscal.
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