Muertes de inmigrantes evidencian fallas en instalación de ICE en Adelanto, dice consulado mexicano
Puntos Clave
- El Consulado General de México en Los Ángeles afirma que las cuatro muertes de ciudadanos mexicanos en el Centro de Procesamiento de Adelanto revelan fallas sistémicas y presunta negligencia en la atención médica y condiciones de detención.
- México se sumó a una demanda federal presentada el 26 de enero que impugna las “condiciones inconstitucionales” en Adelanto; desde 2025 han fallecido 14 mexicanos bajo custodia de ICE.
- Caso reciente: José Guadalupe Ramos‑Solano murió tras ser detenido por ICE; familiares exigen transparencia y acceso a registros; la hija pidió saber la verdad sobre lo ocurrido.
- Qué hacer: familias deben solicitar asistencia consular, considerar solicitudes FOIA para expedientes (pueden tardar meses), presentar quejas ante el DHS Office for Civil Rights and Civil Liberties (CRCL) y coordinar representación legal para recursos como hábeas corpus o unirse a demandas colectivas.
Qué dijo el Consulado
La directora de Protección Consular del Consulado de México en Los Ángeles, Vanessa Calva Ruiz, declaró que las muertes de ciudadanos mexicanos en el Centro de Procesamiento de Adelanto evidencian “fallas sistémicas, deficiencias operativas y posible negligencia”, contrarias tanto a los protocolos estadounidenses como a normas internacionales de derechos humanos. El Consulado señaló que los fallecimientos —presuntamente por complicaciones médicas— muestran un patrón persistente y anunció que se suma al gobierno mexicano en la solicitud de aclaraciones urgentes sobre las circunstancias de estas muertes. ICE (Immigration and Customs Enforcement, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) es la agencia federal responsable de la detención administrativa de inmigrantes; el Consulado exige acceso a expedientes médicos y a las investigaciones internas sobre estos decesos.
Caso reciente y reacción familiar
El caso más reciente es el de José Guadalupe Ramos‑Solano, quien según se informa fue arrestado por la Policía de Redondo Beach el 6 de mayo de 2025 por presunta posesión de una sustancia controlada y robo; el Tribunal Superior de Los Ángeles lo declaró culpable el 21 de agosto. ICE lo volvió a detener el 23 de febrero de 2026 durante un operativo en Torrance y lo trasladó al centro de Adelanto el 24 de febrero; su muerte ocurrió la semana pasada en la instalación. Familiares presentes en la rueda de prensa —incluida su hija, Gloria Ramos— exigieron respuestas y acceso a documentos: “Lo que le pasó a mi papá fue muy inhumano. …merecemos saber la verdad sobre lo que sucedió”, dijo Gloria, según se informa.
Impacto para la comunidad y pasos prácticos
Para la comunidad hispanohablante afectada, los pasos prácticos inmediatos incluyen: 1) contactar al Consulado de México en Los Ángeles para solicitar asistencia consular (notificación a la familia, seguimiento del estado de salud, referencias legales y apoyo para repatriación); 2) pedir los expedientes médicos y administrativos mediante una solicitud FOIA (Freedom of Information Act), cuya respuesta inicial suele producirse en aproximadamente 20 días hábiles pero cuyo cumplimiento completo puede tardar meses o más; 3) presentar quejas ante el DHS Office for Civil Rights and Civil Liberties (CRCL) y/o ante las oficinas de monitoreo estatal; y 4) buscar representación legal para explorar recursos como habeas corpus o sumarse a la demanda federal que impugna las condiciones en Adelanto (estas acciones judiciales pueden tardar meses o años en resolverse). Para localizar a una persona detenida, ICE mantiene un localizador de detenidos en línea (ERO detainee locator), y los procesos de inmigración ante EOIR (el tribunal de inmigración) y USCIS (United States Citizenship and Immigration Services) tienen tiempos de espera variables, por lo que es clave documentar y conservar toda la evidencia y comunicarse con abogados especializados cuanto antes.
Las autoridades mexicanas han anunciado además gestiones ante instancias internacionales —según se informa, el gobierno podría elevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— en busca de investigaciones independientes y medidas de rendición de cuentas. La comunidad hispanohablante debe estar atenta a comunicaciones del Consulado y de organizaciones de defensa de inmigrantes para conocer pasos concretos de seguimiento y apoyo legal.
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