Marco Rubio les retira las tarjetas de residencia permanente a tres inmigrantes iraníes
Puntos Clave
- Según La Opinión, Marco Rubio ordenó la retirada de las tarjetas de residente permanente (green cards) a tres ciudadanos iraníes que estaban bajo custodia de ICE (Immigration and Customs Enforcement; Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).
- El Departamento de Estado (Department of State) atribuye vínculos familiares con Masoumeh Ebtekar; estas relaciones presuntamente motivaron la acción y los tres habrían recibido la residencia vía el Programa de Visas de Diversidad (Diversity Visa, DV).
- La revocación de la residencia puede iniciarse por rescisión administrativa o por procedimientos de deportación ante una corte de inmigración (EOIR); los tiempos varían desde semanas a años y es crucial contar con representación legal.
- Para la comunidad hispanohablante, este caso presuntamente anuncia mayor escrutinio de inmigrantes de ciertos países y ofrece recordatorios prácticos: mantener documentos al día, conocer derechos y consultar a un abogado de inmigración.
Qué ocurrió
Según La Opinión y comunicados citados, Marco Rubio —identificado en la nota como secretario de Estado— ordenó que se revocaran las tarjetas de residencia permanente (residente permanente legal, LPR por sus siglas en inglés) a Seyed Eissa Hashemi, Maryam Tahmasebi y su hijo, quienes quedaron bajo custodia de ICE (Immigration and Customs Enforcement). El Departamento de Estado, según el comunicado citado por el medio, vincula a los tres con Masoumeh Ebtekar y acusa a Ebtekar de actividades de propaganda relacionadas con los secuestradores de rehenes; estas acusaciones son parte del fundamento para considerar que la residencia “nunca debió autorizarse”. Estas afirmaciones deben entenderse como reportadas por las autoridades y, en algunos puntos, según se informa o presuntamente vinculadas a actividades ilícitas.
Marco legal y procedimiento
Legalmente, a un residente permanente (LPR) se le puede iniciar un proceso de rescisión de su estatus si las autoridades determinan que la residencia se obtuvo por fraude o nunca debió haberse concedido; además, ICE puede colocar a un LPR en procedimientos de deportación ante la Executive Office for Immigration Review (EOIR), la corte de inmigración. USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services; Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU.) administra beneficios migratorios y puede iniciar rescisión administrativa; ICE ejecuta arrestos y remociones. Los plazos son variables: una audiencia de fianza puede programarse en días o semanas, pero el proceso de deportación y apelaciones ante la Board of Immigration Appeals o tribunales federales puede demorarse meses o años. Si se alegan vínculos con terrorismo, las cargas y la revisión de evidencia suelen ser más complejas y acelerarse por razones de seguridad nacional, según se informa.
Impacto para la comunidad y pasos prácticos
Para la comunidad hispanohablante la lección práctica es doble: primero, el aumento del escrutinio contra personas de ciertos países puede traducirse en más detenciones y revisiones documentales; segundo, cualquier residente que enfrente una notificación debe actuar rápido. Recomendaciones prácticas: conseguir representación legal especializada en inmigración, conservar y reunir documentos clave (tarjeta de residente, I-94, declaraciones de impuestos, certificados de nacimiento y matrimonio, evidencias de residencia continua), responder puntualmente a solicitudes de USCIS o a citaciones de la corte y, si procede, preparar apelaciones y solicitudes de medidas de alivio. Consulte USCIS.gov para tiempos de procesamiento actualizados de formularios comunes (p. ej., I-485 para ajuste de estatus o N-400 para naturalización) y la página del Federal Register o USCIS para cambios en las tarifas (fee schedule); las variaciones de tarifas requieren publicación oficial y fechas de vigencia. Recuerde que tiene derecho a un abogado (a su propio costo), a permanecer en silencio y a solicitar una audiencia ante un juez de inmigración.
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