Centros de detención privados de ICE podrían ser multados o ver su licencia suspendida
Puntos Clave
- El proyecto SB 995, llamado Ley de Justicia Masuma Khan, permitiría a California multar con hasta $25,000 diarios y revocar licencias a centros de detención privados por violaciones a los derechos de las personas detenidas.
- La iniciativa facultaría a legisladores estatales a inspeccionar condiciones físicas, médicas y de salud mental en instalaciones donde haya detenidos de ICE (Immigration and Customs Enforcement), aunque podría enfrentar desafíos por preeminencia federal.
- Familiares denuncian negligencia médica, alimentos en mal estado y condiciones inhumanas en instalaciones operadas por The GEO Group y CoreCivic; estas afirmaciones se presentan aquí como presuntamente ciertas según relatos.
- Para las familias hispanohablantes: documentar lo ocurrido, buscar representación legal y presentar quejas ante el ICE Ombudsman o la Oficina de Derechos Civiles del DHS son pasos prácticos; los tiempos de respuesta pueden variar y suelen tomar semanas o meses.
¿Qué propone SB 995?
La senadora Sasha Pérez y el asambleísta Mark González introdujeron el SB 995 el 5 de febrero; el texto, promovido como Ley de Justicia Masuma Khan, establece sanciones administrativas —hasta $25,000 por día por violación— y la posibilidad de suspender o revocar licencias de operación de centros privados que incurran en negligencia o abusos. El proyecto faculta a legisladores estatales a realizar inspecciones de las condiciones físicas, médicas y de salud mental de personas detenidas en instalaciones con contratos para albergar a personas de ICE (Immigration and Customs Enforcement). Cabe señalar que, si bien el estado puede regular licencias y contratistas privados, la normativa podría enfrentar impugnaciones basadas en la preeminencia federal sobre la detención migratoria.
Testimonio y condiciones denunciadas
Familiares, como Rhea Khan, relatan que su madre Masuma —detenida tras una cita en un edificio federal— fue presuntamente privada de medicamentos, recibió alimentos en mal estado (pan con moho e insectos) y agua no potable, y sufrió deterioro físico y psicológico durante casi un mes en California City Detention Facility, operado por contratistas privados. Estas denuncias, según se informa por la familia y abogados que intervinieron, motivan el nombre y la intención del proyecto que busca mayor supervisión estatal sobre las instalaciones privadas.
Qué pueden hacer las familias y próximos pasos
Si SB 995 avanza, deberá ser aprobada por ambas cámaras de la Legislatura de California y firmada por el gobernador; por lo general, las leyes estatales entran en vigor el 1 de enero siguiente salvo que el texto indique otra fecha. Mientras tanto, las familias pueden: 1) documentar fechas, nombres, fotografías y registros médicos; 2) buscar representación legal experta en inmigración y derechos civiles (los abogados pueden presentar habeas corpus u otras acciones); y 3) presentar quejas ante el ICE Ombudsman, la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS (CRCL) y la Fiscalía General de California. Los tiempos de tramitación de quejas y recursos administrativos varían (semanas a varios meses), por lo que es clave actuar con prueba documentada y asesoría legal.
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