Beneficiaria de DACA demanda al gobierno de Trump por deportación tras acudir a entrevista de Green Card

Puntos Clave

Antecedentes del caso

Según se informa en la demanda, María de Jesús Estrada Juárez, beneficiaria de DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals, programa que otorga acción diferida —protección frente a deportación— y permiso de trabajo, pero no estatus legal permanente), acudió el 18 de febrero de 2026 a su entrevista de Adjustment of Status (Ajuste de Estatus, Form I-485) ante una oficina local de USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) en Sacramento, California. En lugar de completar la entrevista hacia su Green Card (residencia permanente), fue detenida y presuntamente deportada a México al día siguiente, sin notificación judicial ni comparecencia ante un juez de inmigración, pese a mantener DACA vigente, de acuerdo con su equipo legal. Estrada, quien vivió casi tres décadas en EE.UU., afirma que la separación la dejó lejos de su hija ciudadana estadounidense.

La demanda y sus fundamentos legales

La querella federal sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tramitó el caso en forma irregular, violando la Immigration and Nationality Act (INA o Ley de Inmigración y Nacionalidad), la Administrative Procedure Act (Ley de Procedimiento Administrativo) y la Due Process Clause (Cláusula del Debido Proceso) de la Constitución. La abogada Stacy Tolchin afirmó que “la deportación fue ilegal” y solicitó una orden judicial de emergencia para que el gobierno facilite el retorno inmediato de María mientras el litigio continúa. El caso ha recibido apoyo político de congresistas demócratas, entre ellos el senador Alex Padilla (California), el senador Dick Durbin (Illinois) y la representante Delia C. Ramírez (Illinois-03), según se indica.

Claves legales y riesgos para la comunidad

En términos prácticos, DACA no otorga “admisión” ni estatus de residencia; por ello, el Adjustment of Status suele basarse en una petición familiar o laboral aprobada, y requiere haber sido “admitido” o “paroled” (ingreso con permiso) a EE.UU., entre otros requisitos. Durante entrevistas de USCIS, la coordinación con otras agencias de DHS —como ICE (Immigration and Customs Enforcement) o CBP (Customs and Border Protection)— puede derivar en detenciones si existen órdenes previas de expulsión, antecedentes penales relevantes o inadmisibilidades graves. La defensa de Estrada alega que nada de eso justificaba una expulsión sumaria y que se vulneró su debido proceso. Para solicitantes hispanohablantes, es recomendable: revisar si hay órdenes previas de remoción, obtener su expediente vía FOIA, asistir con abogado a entrevistas, mantener DACA vigente y llevar evidencia de elegibilidad. La deportación sin audiencia suele ocurrir bajo figuras como expedited removal o reinstatement of removal; en casos complejos, conviene explorar alivios como I-212, I-601/I-601A o parole antes de presentarse.

Tiempos, tarifas y trámites a considerar

Los tiempos de procesamiento de I-485 varían ampliamente por oficina local; suelen oscilar entre 10 y 24+ meses. Es clave verificar la herramienta “Check Case Processing Times” de USCIS y considerar posibles demoras por verificaciones de seguridad o solicitudes de evidencia (RFE). En materia de costos, USCIS implementó aumentos de tarifas en 2024; se recomienda usar el Fee Calculator oficial para confirmar el monto vigente antes de presentar formularios como I-485, I-130 o I-765. Puntos clave de solicitud: mantener estatus o cobertura (como DACA) al día, documentar admisión/parole, evaluar exenciones de inadmisibilidad cuando corresponda y guardar copias de notificaciones. Si existe cualquier antecedente migratorio o penal, busque asesoría legal acreditada antes de acudir a entrevistas de USCIS para reducir riesgos.

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