Hechos de la semana en inmigración: ciudadanía por nacimiento, ICE y embarazadas y otra orden de Trump
Puntos Clave
- La Corte Suprema escuchó argumentos sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva de Trump que busca negar la ciudadanía por nacimiento recogida en la 14ª Enmienda (14th Amendment); los magistrados se mostraron escépticos, según se informa.
- La orden ejecutiva del 20 de enero de 2025 permanece bloqueada en varios tribunales; se espera un fallo de la Corte Suprema en el verano.
- El Instituto de Política Migratoria (Migration Policy Institute, MPI) calcula que unos 255,000 bebés al año podrían perder la ciudadanía por nacimiento si la medida se implementara.
- Otros asuntos de la semana incluyeron, según se informa, acciones de ICE (Immigration and Customs Enforcement) relacionadas con mujeres embarazadas y otra orden presidencial pendiente, con impacto potencial en familias inmigrantes.
Audiencia en la Corte Suprema y el marco legal
La audiencia ante la Corte Suprema se centró en si la orden ejecutiva del presidente Donald Trump —que intenta limitar la ciudadanía automática a hijos nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados o con visas temporales— es compatible con la 14ª Enmienda (14th Amendment) de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a la jurisdicción del mismo”. El procurador general del gobierno, D. John Sauer, presentó los argumentos del Ejecutivo; Cecilia Wang, abogada de la ACLU (American Civil Liberties Union), defendió a los demandantes. La cobertura indica que los jueces mostraron dudas ante la justificación del gobierno y que la vía adecuada para cambiar la regla constitucional sería una enmienda, no una orden ejecutiva.
Impacto para la comunidad hispanohablante y consideraciones prácticas
Si la Corte llegara a validar la orden, el efecto sería masivo y principalmente humanitario: el MPI (Migration Policy Institute) estima que alrededor de 255,000 bebés por año dejarían de recibir la ciudadanía automática, afectando también a hijos de beneficiarios de programas como DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). Para las familias hispanohablantes esto aumentaría la incertidumbre legal y administrativa: la ciudadanía por nacimiento hoy se prueba con el certificado de nacimiento (birth certificate) y se traduce en trámites posteriores como obtener número de Seguro Social (Social Security number) y pasaporte estadounidense (U.S. passport). Trámites administrativos relacionados —por ejemplo, solicitudes de pasaporte ante el Departamento de Estado o procesos de naturalización (naturalization) ante USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services)— pueden tardar semanas a varios meses, y las solicitudes de naturalización para adultos ante USCIS suelen variar según la oficina, con plazos que, según se informa, van de varios meses a más de un año dependiendo de la carga de trabajo. Las tarifas (fees) para trámites federales pueden cambiar si el gobierno lo determina; revise siempre los sitios oficiales de USCIS y del Departamento de Estado.
Qué deben hacer las familias ahora
Consejos prácticos: conserve y proteja el certificado de nacimiento del bebé y documentos médicos del parto; solicite a tiempo el número de Seguro Social y, si corresponde, el pasaporte estadounidense del menor; guarde registros de la condición migratoria de los padres. Si necesita orientación legal, busque abogados de inmigración o representantes acreditados por organizaciones comunitarias y evite información no verificada en redes; ante operativos de ICE recuerde sus derechos (por ejemplo, derecho a guardar silencio y a solicitar un abogado) y consulte fuentes confiables. Dado que la orden está actualmente bloqueada en varios tribunales, la situación legal puede cambiar tras el fallo de la Corte Suprema previsto para el verano; manténgase informado a través de organizaciones locales y sitios oficiales.
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