Los Ángeles prohíbe a empleados municipales aceptar empleo con ICE, CBP o DHS

Puntos Clave

El Concejo Municipal aprobó una ordenanza municipal que inhabilita a cualquier empleado de la Ciudad de Los Ángeles —tanto juramentado (sworn) como civil— de aceptar empleos adicionales o buscar trabajo secundario con agencias que apoyen las redadas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS - Department of Homeland Security), incluyendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE - Immigration and Customs Enforcement) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP - Customs and Border Protection). La medida, según se informa, sería la primera de este tipo en Estados Unidos. La ordenanza aún debe pasar por la Comisión de Personal y Contratación y requiere la firma de la alcaldesa para entrar en vigor; hasta entonces no tiene efecto legal pleno.

Impacto para la comunidad inmigrante hispanohablante

La finalidad declarada por sus promotores es restaurar la confianza entre residentes inmigrantes y servidores públicos de la ciudad, evitando conflictos de interés y que empleados municipales actúen, directa o indirectamente, en labores que faciliten detenciones o separaciones familiares. Líderes del Concejo han calificado algunas redadas como presuntamente inconstitucionales; esa es la base política y comunicativa de la ordenanza, pero la norma municipal no afecta la autoridad federal de ICE/CBP ni cambia procedimientos de inmigración federales. Para la comunidad hispanohablante esto significa que, en teoría, los servicios municipales —policía local, servicios sociales y líneas de atención— no estarán comprometidos por empleos secundarios de su personal con agencias federales, aunque la efectividad dependerá de la implementación y los protocolos que defina la ciudad.

Consejos prácticos y pasos para empleados y residentes

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