Fin de la ciudadanía por nacimiento sería devastador, advierten expertos previo a audiencia en Corte Suprema

Puntos Clave

Qué está en juego

El Supreme Court (Corte Suprema) escuchará el 1 de abril de 2026 los argumentos sobre la Executive Order (orden ejecutiva) firmada el 20 de enero de 2025 que, según se informa, pretende poner fin a la birthright citizenship (ciudadanía por derecho de nacimiento) para hijos nacidos en EE. UU. de padres indocumentados, turistas u otros extranjeros. El reto fue presentado en tribunales por la ACLU y se conoce como Trump v. Barbara. Defensores de derechos civiles —incluyendo voces de NAACP y FWD.us— sostienen que la Decimocuarta Enmienda (14th Amendment) y el precedente del caso Wong Kim Ark protegen ese derecho constitucional.

Impacto para la comunidad inmigrante hispanohablante

Expertos y líderes comunitarios advierten que una sentencia adversa podría generar una profunda incertidumbre jurídica para millones de familias hispanohablantes, con efectos prácticos en acceso a educación, empleo y beneficios públicos, además de posibles procesos de deportación presuntamente dirigidos a familias con hijos nacidos en EE. UU. Marc Morial y Conchita Cruz, entre otros, han señalado que limitar la ciudadanía por nacimiento desestabilizaría derechos civiles consolidados durante más de un siglo y podría crear discriminación sistémica y daño económico.

Qué pueden hacer las familias — información práctica

Por ahora la ciudadanía otorgada al nacer sigue siendo la norma hasta que la Corte falle; no es momento de tomar decisiones precipitadas. Recomendaciones prácticas: conservar copias certificadas del birth certificate (certificado de nacimiento) y del U.S. passport (pasaporte estadounidense) de los menores; mantener número de Social Security (SSN) y registros escolares; y buscar asesoría con un abogado de inmigración confiable. Monitoree USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) para consultar tiempos de procesamiento actuales —por ejemplo, trámites de naturalización (Form N-400) suelen tardar desde varios meses hasta más de un año, según la oficina y la carga de trabajo— y revise la USCIS Fee Schedule (lista de tarifas) en uscis.gov, ya que los cambios en tarifas se anuncian oficialmente y no se aplican automáticamente. Si hay dudas sobre riesgo inmediato, organizaciones comunitarias y clínicas legales locales pueden ofrecer orientación gratuita o de bajo costo.

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