Departamento de Estado reduce a $450 el costo de renunciar a la ciudadanía estadounidense

Puntos Clave

Qué cambió

El State Department anunció una reducción significativa de la tarifa para la renunciation (renuncia) de U.S. citizenship (ciudadanía estadounidense), que baja a $450 desde los $2,350 fijados en 2014, según se informa. Ese aumento anterior había provocado críticas y demandas por parte de organizaciones que representan a estadounidenses que viven en el extranjero; presuntamente esas presiones y desafíos legales contribuyeron al ajuste tarifario. La decisión afecta el costo directo que deben pagar quienes optan por renunciar formalmente a su nacionalidad estadounidense.

Impacto para la comunidad hispanohablante

La rebaja puede tener un impacto importante entre ciudadanos estadounidenses de origen hispano que residen fuera de EE. UU. o entre dobles nacionales que consideran renunciar por motivos fiscales, personales o administrativos. Muchos solicitantes citan cargas fiscales y obligaciones informativas vinculadas a leyes como FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) como factor decisivo, según se informa; la menor tarifa reduce una barrera económica, aunque no elimina las consecuencias legales ni fiscales. Es importante recordar que la renuncia es un acto voluntario y, en la práctica, generalmente irreversible; además, quien renuncia deja de ser ciudadano y, por tanto, necesitará visados o permisos para regresar a EE. UU.

Qué deben saber los solicitantes

El trámite se realiza ante una autoridad consular o diplomática de los Estados Unidos, no ante USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services); requiere comparecencia personal, juramento de renuncia y la expedición posterior de un Certificate of Loss of Nationality (CLN). Los tiempos de procesamiento varían: pueden resolverse en semanas, pero en casos que implican revisiones fiscales o complejidades documentales el proceso puede extenderse varios meses. Además del nuevo pago de $450, hay costos indirectos (viaje al consulado, asesoría legal y fiscal). Se recomienda consultar con un abogado de inmigración y un asesor fiscal antes de iniciar el trámite, especialmente por posibles implicaciones como el "exit tax" (impuesto de salida) y obligaciones pendientes con el IRS.

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