El Departamento de Justicia de Trump cerró 23,000 investigaciones penales para priorizar casos de inmigración
Puntos Clave
- Según un análisis de ProPublica, el DOJ (Department of Justice) declinó más de 23,000 investigaciones penales en los primeros seis meses del segundo mandato de Trump, incluyendo casi 11,000 declinations (decisiones de no enjuiciar) en febrero de 2025.
- La medida, presuntamente acompañada de memorandos internos, habría reasignado recursos hacia perseguir delitos relacionados con inmigración, dejando sin prosecución casos de terrorismo, fraude, drogas y otros delitos federales.
- Para la comunidad inmigrante, un aumento en las fiscalizaciones penales de inmigración puede elevar el riesgo de condenas que generan inadmisibilidad (inadmissibility), deportabilidad (deportability) o pérdida de elegibilidad para alivios migratorios.
- Recomendación práctica: verifique tiempos de procesamiento actuales en USCIS y EOIR, revise avisos de tarifas de USCIS, consulte con un abogado de inmigración acreditado y evite declarar ante autoridades sin representación legal.
Contexto y datos clave
Según un análisis de ProPublica, en los primeros seis meses tras la llegada de Pam Bondi como attorney general, el DOJ cerró silenciosamente más de 23,000 investigaciones penales —declinations (decisiones de no enjuiciar)— un aumento notable frente a administraciones anteriores. En febrero de 2025 se registraron casi 11,000 declinations en un solo mes, la cifra más alta desde que hay registros públicos que ProPublica examinó. Estas declinaciones incluyen investigaciones largas conducidas por el FBI y la DEA y afectan categorías que van desde fraude de programas federales hasta delitos relacionados con drogas y terrorismo.
Cambio de prioridades y qué significa
Periodistas y exempleados del DOJ señalan que memorandos internos ordenaron revisar y cerrar expedientes, presuntamente para redirigir personal hacia casos de inmigración. Es importante distinguir las agencias: el DOJ (Department of Justice) maneja la persecución penal, mientras que DHS/USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) y EOIR (Executive Office for Immigration Review) administran trámites civiles y procesos de remoción (removal). Un enfoque penal más agresivo en materia migratoria puede traducirse en más cargos criminales —por ejemplo, reentry after deportation (reentrada tras deportación), fraude documental o conspiración para transportar personas— lo que tiene consecuencias directas en procedimientos migratorios civiles.
Impacto práctico para la comunidad inmigrante y pasos a seguir
Un cargo penal puede provocar inadmissibility (inadmisibilidad) y deportability (deportabilidad), y cerrar puertas a visas (como H-1B), ajuste de estatus (adjustment of status) o naturalización. Los tiempos de procesamiento de USCIS y las audiencias en EOIR varían y pueden ir de meses a años; consulte USCIS.gov y el sitio de EOIR para tiempos actuales. Revisar cambios en tarifas es esencial: USCIS publica actualizaciones oficiales sobre fees (tarifas) que afectan solicitudes y apelaciones. Puntos clave al presentar solicitudes: declarar antecedentes penales con veracidad, conservar pruebas de estatus y relaciones familiares, preparar solicitudes de waiver (exenciones) cuando correspondan, y buscar asesoría legal acreditada antes de responder a citaciones o firmar declaraciones. Si es contactado por agentes federales o locales, presuntamente es mejor solicitar un abogado y no hacer declaraciones sin representación.
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