Proyecto de ley bipartidista busca eximir a personal médico de tarifa H-1B de hasta $100,000
Puntos Clave
- Un proyecto de ley introducido por el republicano Mike Lawler y la demócrata Yvette Clarke propone eximir a médicos y otros profesionales de la salud de pagar tarifas de hasta $100,000 en peticiones H-1B.
- Desde septiembre pasado, solicitantes enfrentan nuevas tarifas elevadas establecidas por DHS (Department of Homeland Security), lo que según se informa ha llevado a hospitales a pausar contrataciones internacionales.
- La medida apunta a evitar que el costo excluya a médicos extranjeros que atienden comunidades rurales y de bajos recursos —poblaciones donde muchas familias hispanohablantes dependen de esos profesionales.
- Para peticionar un H-1B, el empleador debe presentar el Form I-129 y una LCA (Labor Condition Application) certificada; los tiempos de USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) varían —el procesamiento estándar puede tomar varios meses y el premium processing es de 15 días calendario cuando aplica.
- Los hospitales presuntamente han solicitado exenciones a DHS; la nueva ley busca clarificar y codificar esa exención para evitar vacíos administrativos.
Detalles del proyecto de ley
El proyecto de ley bipartidista presentado en la Cámara de Representantes intenta eximir a médicos y otros trabajadores sanitarios de la tarifa extraordinaria asociada a algunas peticiones de la visa H-1B (visa de no inmigrante H-1B para trabajadores especializados). Los patrocinadores, incluyendo al representante Mike Lawler (R) y la representante Yvette Clarke (D), argumentan que las nuevas tarifas implantadas por DHS —que pueden elevar el costo total de una petición hasta $100,000— agravan la escasez de personal médico. Grupos hospitalarios, según se informa, han pedido a DHS exenciones administrativas, pero hasta ahora los médicos y personal sanitario siguen sujetos a las nuevas tasas.
Impacto en la comunidad hispanohablante
La American Medical Association (AMA) y asociaciones hospitalarias advierten que una proporción significativa de médicos que atienden zonas con alta pobreza y necesidad son graduados de escuelas médicas internacionales; muchos de ellos sirven comunidades con gran población hispanohablante. Si el costo excluye empleadores de contratar médicos extranjeros, el acceso a atención primaria, salud mental y cuidados en áreas rurales o vecindarios latinos podría verse reducido. Una encuesta citada por la GNYHA sugiere que el 25% de las instituciones ya han restringido o detenido contrataciones internacionales ante el cambio de tarifas, lo que presuntamente amenaza la disponibilidad de servicios en hospitales que atienden pacientes hispanohablantes.
Qué deben saber médicos y empleadores
Para solicitar o patrocinar un H-1B, el empleador debe presentar el Form I-129 ante USCIS y una LCA (Labor Condition Application) certificada por el Department of Labor; además, el trabajador debe acreditar la titulación y, cuando corresponda, la licencia médica estatal. Los tiempos de tramitación de USCIS varían: el trámite estándar puede tardar varios meses y en algunos centros más de un año, mientras que el premium processing ofrece una respuesta en 15 días calendario cuando es aplicable. Si el proyecto de ley avanza, la exención afectaría quién debe pagar esas tarifas; hasta entonces, los empleadores deben revisar las instrucciones y tarifas vigentes en los sitios oficiales de USCIS y DHS y documentar cuidadosamente las solicitudes. Para la comunidad hispanohablante, es recomendable que los trabajadores y hospitales consulten con abogados de inmigración y con recursos comunitarios para entender cómo estos cambios podrían influir en contrataciones y continuidad de servicios.
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