Proyecto SAVE exigiría prueba de ciudadanía para registrarse y podría afectar a más de 21 millones de votantes
Puntos Clave
- El proyecto "Safeguard American Voter Eligibility" (SAVE America Act) exige prueba documental de ciudadanía al registrarse para votar; según se informa, es impulsado activamente por el expresidente Trump.
- La University of Maryland estima que 21,3 millones de personas con derecho a voto carecen de acceso fácil a documentos que el proyecto exige.
- Los documentos aceptados incluyen pasaporte vigente, certificado de nacimiento certificado por el estado/condado y licencias REAL ID que indiquen ciudadanía; muchos requieren semanas o meses y conllevan costos (pasaporte: $165; con aceleración al menos $257).
- Grupos de derechos advierten que mujeres (por cambio de apellido), personas de color y residentes rurales serían los más afectados; un intento similar en Kansas hace una década dejó fuera a más de 30,000 votantes y fue frenado por los tribunales.
- El proyecto no contempla fondos federales para ayudar a estados y electores a cumplir estos nuevos requisitos; si llega a firmarse, entraría en vigor de inmediato y podría afectar las próximas elecciones intermedias.
Qué propone la SAVE America Act
El SAVE America Act (nombre en inglés) requiere que toda persona que complete un voter registration (registro de votantes) presente documentación que pruebe su ciudadanía estadounidense: pasaporte válido, certificado de nacimiento certificado por una agencia estatal o local, o una licencia conforme a REAL ID que indique explícitamente "citizen" (ciudadano). Los promotores dicen que la norma fortalece la integridad electoral; los críticos sostienen que, presuntamente, crea barreras innecesarias para electores legales. Hay que recordar que noncitizens (no ciudadanos) ya están prohibidos de votar en federal elections (elecciones federales) y los casos verificados de votación por no ciudadanos son extremadamente raros, según se informa.
Barreras prácticas, tiempos y costos
Aunque la lista de documentos parece amplia, las restricciones prácticas complican el cumplimiento: solo cinco estados (Michigan, Minnesota, New York, Vermont y Washington) emiten licencias REAL ID con una marca explícita de ciudadanía; la identificación militar por sí sola no basta según el texto y exige además registros de servicio que indiquen lugar de nacimiento (el formulario DD214 estándar no contiene esa información). El pasaporte es la prueba más directa, pero solo alrededor de la mitad de los adultos en EE. UU. lo posee; obtener uno nuevo cuesta $165, y la tramitación acelerada eleva el costo a al menos $257 y puede tardar semanas. Los certificados de nacimiento certificados deben ser emitidos por el estado o el condado y pueden tardar meses en obtenerse (Nueva York reporta demoras de hasta cuatro meses en algunos casos). Además, el proyecto no asigna fondos para ayudar a estados o electores a cubrir estos costos o a informar a la población.
Impacto en la comunidad hispanohablante y pasos prácticos
Para la comunidad inmigrante hispanohablante —incluyendo ciudadanos que cambian de apellido por matrimonio, familias rurales y personas de bajos recursos— estos requisitos implican una carga administrativa y económica considerable. Según un estudio de la University of Maryland, aproximadamente 21,3 millones de votantes elegibles tendrían dificultades para presentar la documentación exigida. Como medidas prácticas, se recomienda: verificar con la office of the Secretary of State o la oficina electoral local qué documentos acepta el estado; consultar a USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) sobre expedientes de naturalización o certificados; solicitar con anticipación copias certificadas de certificados de nacimiento estatales; y planear tiempos y costos para trámites de pasaporte si fuera necesario. Si el proyecto avanza hacia el Senado o se promulgara, los efectos serían inmediatos y conviene que organizaciones comunitarias y abogados de inmigración informen y asistan a electores vulnerables.
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