A Trump administration proposal seeks to limit access to H-1B visas by increasing costs for employers.

Key Takeaways

Qué propone la norma

El Departamento de Trabajo (DOL) sugiere recalcular el “salario prevaleciente” —el piso legal que un empleador debe pagar a un trabajador con H‑1B— elevando los percentiles usados para cada uno de los cuatro niveles de experiencia. En números, el DOL plantea aumentos salariales de entre 21% y 33% según nivel; por ejemplo, el nivel inicial subiría del percentil 17% al 34% y el nivel más alto del 67% al 88%. H‑1B es la visa más común para profesionales altamente cualificados y el cupo nuevo anual está limitado a 85.000 plazas (65.000 generales más 20.000 para graduados de maestría de EE. UU.).

Debate sobre la evidencia y la intención

La Administración ha argumentado que estas medidas corrigen abusos y protegen a trabajadores estadounidenses; it has been reported that la secretaria de Trabajo afirmó que no se tolerará el abuso del programa. Allegedly, según el Gobierno, H‑1B habría permitido a ciertos empleadores abaratar costos laborales. Sin embargo, analistas y economistas laborales cuestionan la comparación de datos que usa el DOL: dicen que confronta grupos con distinta experiencia y que las tablas de H‑1B no reflejan los salarios reales. Expertos sostienen que no hay pruebas sólidas de una brecha salarial entre trabajadores equivalentes por formación y experiencia.

Impacto práctico para solicitantes y empresas

Para trabajadores extranjeros y empleadores esto significa un potencial encarecimiento de la contratación: empresas podrían dejar de patrocinar perfiles junior o estudiantes internacionales recién graduados y priorizar talento senior que supere los nuevos umbrales. Pequeñas compañías y startups —menos capaces de absorber mayores costes— podrían recortar ofertas o optar por otros arreglos (trabajo remoto internacional, contratistas). La norma propuesta aún debe pasar por el proceso de reglamentación federal (comentarios públicos) y probablemente enfrentará demandas judiciales; por ahora no es un cambio final, pero indica una orientación política que afectará decisiones de contratación y planes de inmigración en el corto y medio plazo.

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