Estados Unidos puede deportar a residentes con green card por estas causas

Key Takeaways

Qué dice la ley y quién decide

Una green card significa ser residente permanente legal. Pero no es un estatus inmutable. Bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), ciertas conductas convierten a un residente en “deportable” y colocan a la persona ante el sistema de remoción. USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) administra beneficios como ajustes y naturalizaciones; ICE (Immigration and Customs Enforcement) puede detener y poner en marcha procesos de deportación; y la EOIR (Executive Office for Immigration Review) opera los tribunales de inmigración donde un juez decide si debe ser deportado.

Causas comunes de deportación y su impacto

Las causas más comunes incluyen: condenas por “aggravated felonies” (delitos agravados) y “crimes involving moral turpitude” (delitos que implican inmoralidad), fraude o tergiversación material para obtener la residencia, abandonar la residencia (por ejemplo, ausencias largas sin reentrada o permiso), votar ilegalmente en elecciones federales o mentir en trámites migratorios. Delitos relacionados con drogas y ciertos delitos sexuales suelen tener consecuencias inmediatas. Algunas causas también activan inadmisibilidad, lo que impide volver a entrar al país por largos periodos. Para muchas personas esto significa pérdida del trabajo, separación familiar y detención mientras esperan el juicio de inmigración.

¿Qué pueden hacer los afectados?

Las opciones dependen del caso. Algunos residentes son elegibles para alivios como ajuste de estatus, asilo, o en casos limitados la cancelación de remoción; otros, por ejemplo con condenas por delitos agravados, quedan ineludiblemente sujetos a deportación y sin acceso a ciertos perdones. Es crucial conservar documentos que prueben la residencia continua, explicar ausencias largas y, cuando proceda, solicitar permisos de reingreso antes de salir. Si hay una acusación penal, coordinar con un abogado penal y de inmigración es vital porque un acuerdo penal puede tener consecuencias migratorias duras. Recuerde: en procedimientos de inmigración no hay abogado público; la representación privada es la práctica recomendada y los plazos de apelación ante la Board of Immigration Appeals (BIA) y tribunales federales son estrictos.

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